La asociación de vecinos de la Vila confía en que se les tenga en cuenta antes de aprobar el Plan Especial del Casco Histórico
El objetivo de la asociación es que, entre otras cosas, en el Plan, o reglamentos ulteriores, se contemplen ayudas, como la exención del IBI a los edificios catalogados de Valor patrimonial. Según la Ley de patrimonio vigente cuando a un ciudadano se le obliga a mantener un Bien de Interés Patrimonial, las administraciones tienen que, al obligarle a mantener elementos estructurales o singulares, darles en contraprestación una serie de ventajas, ya que el derecho de la propiedad plena se ha limitado de alguna forma. La Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece en su apartado 64 j), que un bien inmueble incluido en un conjunto histórico, que cuente con antigüedad de más de 50 años, y se encuentre en el catálogo del Plan Especial del Casco Histórico, como objeto de protección integral, según lo previsto en el art. 21 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, tienen exenciones establecidas en el Régimen Jurídico Financiero de la Administración Local, es decir el IBI.
Hasta ahora ningún edificio de Burriana, a excepción de los BIC, como la iglesia de El Salvador, han estado protegidos íntegramente; sólo las fachadas. A pesar de ello, la asociación de la Vila entiende que como mínimo deberían aplicarse bonificaciones del IBI.
Otro aspecto muy controvertido es el de excavaciones arqueológicas, por tratarse de una zona declarada como de protección de yacimientos arqueológicos. Los vecinos se han quejado sistemáticamente de que antes de construir han de realizar una excavación arqueológica que han de pagar de su bolsillo, sin percibir por ello ningún tipo de ayuda. En este sentido no se oponen a la obligatoriedad de excavar, como exige la Ley, al quedar localizados en un área protegida, pero no ven razonable que tengan que pagarlo ellos.
Este tipo de prospecciones arqueológicas le cuestan al propietario una media de 6.000 euros, dependiendo de la extensión del solar. Pese a que quien paga es el propietario, todo lo que salga de la prospección pasa a formar parte del patrimonio del museo local, y los estudios y conclusiones amplían los conocimientos históricos de la ciudad, resultando beneficioso para la colectividad. “Quien paga de su bolsillo es el propietario del terreno en el que se excava, cuando esos conocimientos redundan en beneficio de todos, lo cual no deja de ser injusto, por lo que deberían existir ayudas, incluso las administraciones deberían asumir ese coste en su totalidad”, reivindicaba Ximo Sorolla.
Otras reclamaciones que mantiene la asociación, ya expresadas en anteriores intentos de aprobar el Plan Especial, es que se peatonalicen un mayor número de calles del centro y que se construya un aparcamiento subterráneo.
