La Agrupación Local del PSPV-PSOE apela a la Audiencia Provincial por la querella de Ferrada, Perelló, Sancerni y el empresario Carlos Esteve

La Ejecutiva de la Agrupación Local del PSPV-PSOE de Burriana ha presentado hoy a medio día recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el Auto del Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, por el que desestimaba todos los recursos de reforma presentados contra el Auto de sobreseimiento provisional de 7 de enero de 2009 de la causa iniciada por la querella interpuesta contra el exalcalde Alfonso Ferrada, los concejales Javier Perelló y Pedro Sancerni y el empresario Carlos Esteve, a quienes acusaban de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, malversación y cohecho.

Los socialitas de Burriana consideran injustificado el argumento del Juzgado de sobreseer la causa, aludiendo a que no hay constancia de que los hechos imputados en la querella hayan sido realizados “si no se ha practicado ni una sola de las pruebas que se solicitaban”. De hecho, hacían constar textualmente que “en más de dos años, el Juzgado se ha limitado a exigir formalismos exacerbantes que únicamente han supuesto una dilación indebida del proceso”. El Juez, estimaba en cambio, que se practicaron las pruebas que consideró suficientes con abundante documental entre las que se encontraban los expedientes administrativos de tramitación de los PAI, actas y facturas y el Auto del Tribunal Supremo debidamente interpretado por el Instructor y las declaraciones testificales, fundamentalmente la declaración objetiva de la Sra. Secretaria del Ayuntamiento.

Cabe señalar, que paralelamente a esta causa, se está tramitando en los Juzgados de Nules una demanda civil contra el honor, presentada por la empresa Albia y el empresario Carlos Esteve contra la secretaria general del PSPV-PSOE, Iolanda Porcar, por la que solicitan una indemnización de 600.000 euros.

La defensa tiene previsto recurrir para que la Audiencia no acepte la apelación por falta de competencia de la acusación popular. Hay que diferenciar lo que es una acusación popular de una acusación particular. La acusación popular representa a la sociedad civil y no necesariamente tiene que tratarse de persona física o jurídica afectada por los procedimientos judiciales que se siguen en los tribunales. La acusación particular sí que representa a la parte afectada en el procedimiento, por lo que tiene una vinculación personal con el mismo, y representa a la persona o familia afectada por el delito presuntamente cometido. El Tribunal Supremo hizo público un fallo a finales de 2007, a raíz del caso Ibarretxe, mediante el que rechazaba la competencia de la acusación popular para solicitar la apertura de la vista oral en los casos en los que las demás partes implicadas, incluida la Fiscalía, se pronunciaran de forma contraria, una medida que justificó en el efecto manifiestamente restrictivo de los derechos del acusado que supone el inicio del juicio.