Diecisiete gabinetes de abogados aspiran al contrato de defensa jurídica del Ayuntamiento
El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, ha dado cuenta este miércoles de la participación de diecisiete licitadores en el procedimiento para la contratación del servicio de dirección letrada y defensa jurídica del Ayuntamiento, “entre ellos algunos despachos y gabinetes de reconocido prestigio”, ha apostillado.
La iniciativa partió del equipo de Gobierno, a instancias de una providencia dela Alcaldía-Presidencia firmada por José Ramón Calpe el pasado 15 de noviembre, y pretende abaratar la cuantía anual destinada a los gastos jurídicos municipales en los procedimientos en los que el Ayuntamiento de Burriana ejerce como parte, al incluir una licitación a la baja que incorpora todas estas acciones de defensa y representación procesal, sea cual sea la jurisdicción, juzgado y tribunal, “todo ello por debajo de los 30.000 euros más IVA”, ha detallado el alcalde.
José Ramón Calpe ha destacado que, “en contra de lo que apuntaba la oposición, que está votando en contra todas las revisiones a la baja de los contratos, la licitación está resultando muy atractiva para los gabinetes jurídicos, y ello nos garantiza que el procedimiento servirá para contratar un buen servicio de defensa que abarate la abultada factura que anualmente recae sobre el Ayuntamiento por la litigiosidad normal de la administración local”.
En este sentido, el alcalde confía en que los trámites del procedimiento cumplan sus plazos y la adjudicación sea una realidad el próximo mes de febrero, “y desde ese momento, el Ayuntamiento comenzará a ahorrarse una importante cantidad de dinero, además de asegurarse –con una tarifa fija- una defensa jurídica en cualquier procedimiento en el que se encuentre inmerso”.
Condiciones del contrato
El contrato se plantea por un año, con la posibilidad de prórroga un año más. El adjudicatario asumirá la defensa jurídica del Ayuntamiento en todos los procedimientos judiciales iniciados durante el ejercicio de 2012, así como los que se planteen en la fecha de finalización del mismo, hasta la terminación del pleito.
Durante el ejercicio de 2011, las obligaciones contraídas por este concepto superan los 80.000 euros y, en conjunto, se llevaron a reconocimiento facturas de dicho ejercicio y anteriores por importe superior a los 320.000 euros.
