El Ayuntamiento se someterá a lo que diga la Consellería de Justicia en el conflicto legal de la reparcelación de Sant Gregori

El equipo de Gobierno de Burriana plantea esperar a la contestación que dé la Consellería de Justicia respecto a la disposición transitoria referente a la aplicación del art. 16.1b) de la Ley estatal 8/2007, de Suelo, antes de tomar una decisión sobre Sant Gregori. Esta mañana todos los grupos de la Corporación Municipal se han reunido y el concejal de urbanismo, Javier Perelló les ha hecho saber que se habían dirigido a la Consellería de Justicia para que se pronunciara sobre este asunto, interpretando que en esta misma situación deben estar muchos PAI de la Comunidad Valenciana, y habrá que tomar una determinación.

Tal y como informamos la semana pasada el Ayuntamiento de Burriana, una vez decidida su intención de pagar las cuotas de urbanización que le corresponden por los terrenos del 10 % de aprovechamiento urbanístico con dinero debía abonar al urbanizador entorno a 10 millones de euros.

Sin embargo, el 1 de julio del año pasado entró en vigor la Ley 8/2007 de Suelo, de carácter estatal, que establece que la cesión del suelo correspondiente a los Ayuntamientos deberá hacerse libre de cargas de urbanización. De cara a saber si el Ayuntamiento debe o no pagar los 10 millones de euros es básico determinar el momento en el que se considera iniciado el procedimiento, ya que el texto normativo no introdujo disposiciones transitorias que resolvieran el problema..

En un primer informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, del pasado mes de diciembre se significaba que la Ley es directamente aplicable desde el momento de su entrada en vigor el 1 de julio, a todos los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, considerando iniciado el proyecto de reparcelación por gestión indirecta mediante la presentación del mismo en el Registro de entrada de la administración competente. El proyecto de reparcelación de Sant Gregori se presentó el 18 de julio, de 2007, y se publicó en el DOCV el 16 de agosto el anuncio de información pública. En base a este informe el Ayuntamiento no ha de pagar, y la cantidad deben repartírsela el resto de propietarios.

Por otro lado el equipo de Gobierno posee otro informe, encargado al letrado José Luis Lorente Tallada, en el que indica que en el presente caso no sólo está ya aprobado el Programa, sino que también se practicó en julio de 2006, un año antes de la entrada en vigor de la Ley estatal, la comunicación fehaciente e individualizada a los propietarios, a partir de la cual entiende que ya puede hablarse del ejercicio de un verdadero derecho adquirido para ejercer la opción de pago de los propietarios. En virtud de dicha comunicación, los propietarios han tomado una serie de decisiones como es la modalidad de pago, con indudable trascendencia en su derecho a la adjudicación de parcela resultante. En este sentido el jurista considera que la modificación del importe de las cargas y el cambio en el porcentaje de participación en las mismas, y en el porcentaje de reparto, supondría una aplicación retroactiva de la Ley, no permitida en nuestro ordenamiento. Según esta opinión, el Ayuntamiento debe pagar los 10 millones de euros de cuotas de urbanización, como estaba previsto.

El concejal de urbanismo, Javier Perelló, manifestó habrá que esperar al pronunciamiento de la Consellería, no obstante, sea como sea, subrayó, la parcela del Ayuntamiento va a seguir siendo la misma, por lo que desde el Ayuntamiento le han pedido al Agente Urbanizador que siga trabajando en el proyecto de reparcelación definitivo. Para las representantes de CIBUR y CV, eso no resulta tan fácil ya que si se determina que el Ayuntamiento no ha de pagar lo deberán hacer los propietarios, y a éstos como mínimo se les permitirá volver a manifestarse acerca de qué porcentajes desean pagar en metálico y en terrenos, lo cual vendría a modificar todo el reparto.