Una manifestación del paro agrícola vuelve a erigirse como protagonista del pleno

Seis años más tarde, los desempleados del paro agrícola de Burriana volvieron a ser los protagonistas de un pleno cargado de asuntos económicos y que se prolongó hasta las 11 de la noche. Alrededor de 150 trabajadores se manifestaron en el interior del salón de plenos, con silbatos y lanzando consignas en las que básicamente reclamaban su derecho al trabajo. Tras interrumpir por primera vez la sesión se les conminó por parte del alcalde a que se mantuvieran en silencio, mientras se debatía el punto séptimo del orden del día. El líder sindical de la FTT-UGT, Sergio Monzonís, – exconcejal socialista entre 1999 y 2001 –, pidió a los asistentes que escucharan en silencio “ya que si bien ellos no lo han hecho con nosotros, vamos a demostrarles que nosotros si sabemos hacerlo”. Una vez cesaron con los silbatos el pleno continuó hasta el punto once. En el momento en el que iba a tomar la palabra la concejala de Coalició Valenciana volvió a repetirse la algarabía. Fue en ese instante cuando el alcalde rogó a los manifestantes, que ya habían tenido que dejar sus banderas y pancartas en la puerta, que abandonaran el salón de plenos. Sergio Monzonís volvió a tomar la palabra para señalar a sus compañeros que “de aquí no nos vamos hasta que no nos den una solución”. En ese instante fue conducido hasta fuera del salón de plenos por parte de la Policía Local, que cumplió con corrección la orden de desalojo, en cumplimiento de la orden dictada por el alcalde, y en observancia a las ordenanzas, ya que no puede interrumpirse un pleno, por más legitima que sea la reivindicación que se plantee.

Ya fuera del hemiciclo los líderes sindicales de la FTT-UGT – CC.OO no secundó la manifestación –, explicaron sus motivos, centrados en la escasa aportación que desde el Ayuntamiento se pretende dar al paro agrícola este año. En concreto, Monzonís informó que por la mañana se habían reunido con el alcalde quien les había ofrecido 100.000 euros, “cuando si exceptuamos el año pasado, la media de los últimos años ha sido de 350.000 euros”, indicó.

Para este año las aportaciones del INEM son de 210.000 euros, del SERVEF, 206.000, y la aportación municipal, de momento, es de 100.000 euros. Monzonís se quejó de que siendo alcalde Alfonso Ferrada, el PP hubo un año que llegó a aportar cerca de 600.000 euros. Burriana durante la pasada legislatura fue la ciudad que más aportó al paro agrícola, hasta el punto de que el PP local fue un invitado especial en el congreso comarcal que la UGT celebró en el Centre Municipal de Cultura la Mercé.

El año pasado, siendo ya Calpe candidato, se produjo un recorte de la aportación municipal, si bien en el pleno mes de agosto se tuvo que suplementar la cantidad destinada al paro agrícola, hasta alcanzar los 184.000 euros. Al final, entre las tres administraciones se destinaron 620.406 euros.

La pretensión de la FTT-UGT para este año era que el PP consignara ya en los presupuestos 300.000 euros, para no depender de los remanentes de tesorería. Su objetivo es que los trabajadores que están en la rueda del desempleo puedan trabajar durante dos meses, cosa que entienden que es imposible si la aportación municipal es de sólo 100.000 euros.

Por su parte el Ayuntamiento, tras aprobar ayer el Plan Económico de Estabilidad Financiera se ha fijado como uno de sus objetivos en los próximos tres años ir eliminando aquellos gastos que no le son propios, y que dependen de otras administraciones públicas, como es el tema del desempleo.

Aparte de este asunto, cabe destacar que el pleno aprobó por unanimidad una moción para que se preste una ayuda puntual y urgente al sector pesquero hasta que llegue la veda de los meses de julio y agosto.

Con los votos en contra del PP, y el respaldo del resto de fuerzas políticas, se rechazó la moción socialista que planteaba alquilar con opción a compra, o comprar directamente, el inmueble del Círculo Frutero por tratarse de un inmueble emblemático y de indudable valor arquitectónico. El PSOE propuso que se eviten los múltiples alquileres que tiene diseminados el Ayuntamiento, como el del juzgado, o recientemente el de la policía local en la calle Mayor, y que en conjunto ascienden a 260.000 euros anuales, y se destine este dinero a la adquisición de este inmueble, donde se podrían reubicar todos estos servicios municipales. El Partido Popular, todo y reconocer las posibilidades del edificio, argumentó la falta de medios económicos para afrontar la compraventa.

Buena parte de las cuatro horas y media de debate las centró la aprobación del Plan Económico y Financiero, y a continuación una serie de modificaciones presupuestarias para pagar un millón y medio de euros de facturas pendientes de otros ejercicios que carecían de consignación presupuestaria. Los tres partidos de la oposición criticaron la gestión económica llevada a cabo por el Partido Popular, a quien acusaron de haber dejado la economía municipal al borde del colapso. La concejala de hacienda, Ana Montagut, fue optimista, respecto a la situación actual, y mucho más si se ponen en práctica las medidas de control financiero aprobadas.

Con la abstención del PSOE se acordó rescindir el contrato para la construcción de un parking subterráneo en la plaza Quarts de Calatrava suscrito con Llanera, quien pierde así dos fianzas por valor total de 277.120 euros.