El juez cita como investigada a la alcaldesa de Burriana por el cobro de las cuotas de Sant Gregori

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real ha decidido suspender con carácter cautelar el cobro de las cuotas de urbanización del PAI Golf Sant Gregori de Burriana en defensa de los propietarios afectados por el desarrollo urbanístico.

Asimismo, en la providencia dictada por el tribunal, se cita en calidad de investigada a la alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, una decisión que afecta también al concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, que ha sido citado como testigo en la causa. Asimismo, el juzgado acuerda remitir oficio a la Agencia Valenciana Antifraude al objeto de comunicar que el número 4 de Vila-real es el encargado de tramitar estas diligencias previas contra una alcaldesa a la que se le imputan presuntamente los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Por su parte, Safont asegura que tuvo conocimiento de la notificación el pasado viernes aunque "sin fecha" para sentarse ante el juez y señala que "las decisiones que hemos tomado han sido avaladas por informes técnicos y jurídicos externos", pero también por otras sentencias. "No he tomado ninguna decisión sin ningún informe técnico ni jurídico".

Para la alcaldesa de Burriana, "hay muchas personas con muchas ganas de que el PAI vaya hacia adelante, pero otras imaginan cosas que no hay, porque todo está avalado con informes técnicos".

Máxima transparencia

Safont ha destacado la máxima transparencia con la que el Ayuntamiento de Burriana está actuando desde que en 2015 el actual equipo de gobierno asumiera las responsabilidades municipales. "Hasta 2015 no había nada al alcance de nadie. Ahora tenemos la misma información el equipo de gobierno, la corporación, los propietarios y el juzgado cuando nos ha solicitado información".

PP: "Solo pedimos transparencia"

Según ha comunicado el Partido Popular, la medida, que se adopta con carácter cautelar, pretende investigar sobre un procedimiento urbanístico que promueve el consistorio y que ha provocado polémica y malestar por la decisión de imponer el cobro de cuotas a los particulares que el consistorio, sin embargo, no paga pese a ser, también, parte afectada.

“Solo pedimos transparencia. Como lo hemos hecho desde hace años cuando el PSOE decidió hacer caso omiso a las advertencias de los técnicos municipales y emprender un camino en solitario, de la mano de una empresa externa, cuyas decisiones a la carta hoy se juzgan en los tribunales”. Esta arbitrariedad, “a la que se ha unido una opacidad consciente por parte de los socios de gobierno, ha provocado que los afectados recurran ante la Justicia para exigir la transparencia que no les garantiza Safont y su equipo”. Por ello, “desde el PP de Burriana seguimos reclamando luz y taquígrafos a un desarrollo urbanístico que creemos que es bueno para nuestra ciudad pero también debe ser legal”, ha concluido el portavoz del PP en la ciudad, Juan Fuster.

Vox denuncia la "indefensión" de los propietarios

Por su parte, desde VOX han venido denunciando la indefensión a la que estaban sometidos los propietarios afectados por el PAI Sant Gregori, así como la negligente gestión de este proyecto  tan importante para el futuro de Burriana.

En VOX lamentan que la negación de lo evidente haya acabado en este procedimiento judicial que ahora se inicia y esperan que el daño que se ha hecho al proyecto no sea irreparable y no conlleve la ruina de Burriana.

“Confiamos plenamente en la justicia”, concluye Juan Canós, concejal de VOX en Burriana.