La Junta de Gobierno acuerda conceder un mes al Grupo Comercial Ferrada para que derribe la terraza del Hotel Aloha
El acuerdo municipal advierte al interesado que de no realizar la demolición en el plazo de un mes, el Ayuntamiento ordenará la ejecución subsidiaria a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a que diera lugar. También se acordó comunicar al Registro de la Propiedad de Nules la resolución, para su anotación, así como al Catastro inmobiliario para que haya constancia.
El acuerdo adoptado por el órgano municipal resuelve comunicar el acuerdo de restablecimiento de la legalidad a las compañías suministradoras de agua, luz, gas y telefonía para que en un plazo de diez días procedan a la suspensión de los suministros.
La empresa dispone a partir de la notificación del acuerdo de un mes para presentar recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno, o en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la comunicación del acuerdo, recurso contencioso-administrativo.
Cabe recordar que en la pasada legislatura, el 29 de mayo de 2006, se acordó incoar expediente para restablecer la legalidad urbanística y se le concedió a la empresa un plazo de dos meses para que solicitara la oportuna licencia. El 8 de agosto de 2006 la empresa pidió autorización para la instalación de una estructura desmontable en la terraza del Hotel Aloha. El 12 de septiembre de 2006 Grupo Comercial Ferrada solicitó licencia para legalizar las obras ejecutadas.
El 14 de enero de este año el Ayuntamiento denegó la licencia solicitada y el 14 de abril se acordó por parte de la Junta de Gobierno proponer como medida de restauración de la legalidad urbanística la demolición de las obras ilegalmente realizadas, concediéndole a la empresa un plazo de alegaciones, que una vez presentadas el pasado 28 de mayo, han sido desestimadas.
Si nos atenemos a los antecedentes, en los últimos cuatro años – puesto que superado ese periodo, desde la adopción del acuerdo, prescriben las infracciones –, hay entorno a 330 ordenes de derribo, con los expedientes totalmente resueltos, sin que el Ayuntamiento haya procedido a su ejecución subsidiaria. No obstante, en este caso, hay una querella presentada por el PSOE, que fue admitida a trámite, en la que acusaban al anterior alcalde, Alfonso Ferrada, de prevaricación por estas obras.
Que torne l'alcalde!!!! però el de antes!!!!