El fiscal apoya el sobreseimiento respecto a los delitos imputados a Ferrada y Sancerni pero pide que se investigue más sobre el vehículo de Perelló

El Fiscal pide al Juez que confirme el sobreseimiento provisional de las actuaciones emprendidas a raíz de la querella presentada por la ejecutiva local del PSPV-PSOE contra el exalcalde Alfonso Ferrada y el concejal Pedro Sancerni, ambos representados por la letrada Mª Jesús Domingo, aunque solicita que se investigue más acerca del vehículo usado por el concejal de urbanismo Javier Perelló, motivo por el cual, al igual que hiciera la ejecutiva local del PSPV-PSOE, presentó un recurso de reforma. El Fiscal, Juan Salom, en contra del criterio de Juez, expresado en el Auto de Sobreseimiento Provisional, cree que sí puede haber indicios sobre el uso del vehículo, que era de titularidad de una sociedad mercantil con posibles intereses urbanísticos. Por ello, plantea un recurso sólo sobre el apartado e) del Auto de Sobreseimiento y solicita al Juez que se amplíe la investigación en este apartado. En relación al resto de asuntos que puedan afectar a Ferrada, Sancerni y el propio Perelló, el Fiscal interesa al Juez para que confirme el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de la imputación de los delitos de prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de tráfico de influencias, delito de negociaciones y actividades prohibidas, delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, delito de malversación y delito de cohecho.

Acerca del asunto del coche, el Juez razonaba que “tampoco ha quedado acreditado “el trato de favor” recibido por Francisco Javier Perelló Oliver por la presunta utilización del vehículo marca BMW (…) titularidad de la sociedad mercantil “Basgra” (actualmente denominada “Onda Innovación), pues, ello se trata de una mera conjetura sin una verdadera y seria conexión con los hechos objeto de instrucción, como se deriva de las declaraciones obrantes en autos”. En su recurso, los socialistas pedían documento de compra del vehículo y justificación documental del pago del precio que según declaraciones se compró por importe 7.212,14 euros, bien fuera mediante cheque, pagare, transferencia bancaria u otro. Impuesto de circulación del vehículo desde el año 2.003; Certificado de la última Inspección Técnica del Vehículo (ITV) y justificante del pago de todo ello. Y póliza de seguro del automóvil y recibos del pago del mismo desde el año 2.003 hasta la actualidad, así como justificante de la forma de pago de los referidos recibos.

Cabe señalar que en caso de que el Juez se reitere en el sobreseimiento provisional, o se decrete el sobreseimiento libre, si prospera el recurso presentado por la abogada de Ferrada y Sancerni, cabe el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, aunque existen dudas de si la ejecutiva local del PSPV-PSOE podrá ejercitar este derecho, al estar personados como acción popular.

Con el sobreseimiento cesa la instrucción sumarial y deja sin curso el procedimiento, aunque la condición de “provisional” permite la reapertura del caso si aparecieran nuevas pruebas. El sobreseimiento libre, que solicita la defensa, supone que el Tribunal estima que no existen indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiera dado motivo a la formación de la causa, por lo que tiene eficacia de cosa juzgada material, siendo inviable la reapertura del proceso.

En el auto de sobreseimiento dispuesto por el Juez, se apuntaba que “quien ejercita la acción penal no tiene en el marco de la Constitución Española un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso, sino sólo a un pronunciamiento motivado del juez en la fase instructora sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, en la que indudablemente cabe la consideración de su irrelevancia penal y la denegación de la tramitación del proceso o su terminación anticipada sin necesidad de práctica de nuevas diligencias, siempre que de las practicadas se aprecie la irrelevancia penal”. También añadía que “se exige que los tipos penales aparezcan formulados con unos contornos precisos, evitando cláusulas indeterminadas que priven a las figuras de delitos de límites claros y seguros”. En este sentido concluía que “no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la causa”.

En su recurso, los socialitas de Burriana consideran injustificado el argumento del juzgado de sobreseer la causa aludiendo que no hay constancia de que los hechos imputados en la querella hayan sido realizados “si no se ha practicado ni una sola de las pruebas que se solicitaban”. De hecho, se hace constar textualmente que “en más de dos años el juzgado se ha limitado a exigir formalismos exacerbantes que únicamente han supuesto una dilación indebida del proceso. En suma, se ha solicitado todo aquello inimaginable menos practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los hechos que esta parte viene solicitando desde su escrito de querella en enero de 2007”, señalaban.