La falta de licencia impide que tapen el escudo del águila de Correos el día en el que murió Franco

La falta de licencia para la instalación de un andamio en la vía pública ha impedido que en una fecha tan señalada como hoy, 20 de noviembre, día en el que falleció Francisco Franco, se tapara con un rótulo el escudo del águila que ha presidido la entrada de las oficinas de Correos de Burriana desde 1943, año en el que se inauguró el edificio.

A primera hora de la mañana unos operarios contratados por Correos, han instalado un andamio frente a la entrada de las oficinas postales. Pronto se han percatado en el Ayuntamiento, y han verificado si se había solicitado la preceptiva licencia. Sobre las 10.30 de la mañana el concejal de Vía Pública, Pedro Sancerni, se ha puesto en contacto con el Jefe de Correos para ver qué es lo que iban a hacer, y advertirle de que no constaba que hubieran pedido licencia. Este le ha explicado que iban a colocar un cartel con el logo de Correos para tapar el escudo de la entrada por orden de la Subdelegación del Gobierno. Lo cierto, es que poco después se ha desmontado el andamio y responsables de Correos se han puesto en contacto telefónico con el alcalde para explicarle lo que van a hacer, e indicarle que ya habían iniciado la tramitación de los permisos poniéndose en contacto con los técnicos municipales.

El pasado 31 de octubre el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo por el que se dictaron instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General de Estado y sus Organismos Públicos dependientes, en el contexto de la Ley 52/2007, más conocida como Ley de la Memoria Histórica. En este sentido, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es una Sociedad Anónima de capital cien por cien público, aunque cabe matizar que la fachada del inmueble ya no les pertenece en su totalidad, pues hace tres años vendieron a una empresa de la localidad la segunda planta del edificio.

Atendiendo a que la retirada del escudo labrado en piedra puede afectar a algún aspecto relacionado con la adecuada conservación del inmueble, la autoridad competente ha optado por taparlo, en vez de hacerlo desaparecer.

La polémica más reciente entorno a este escudo se vivió con motivo de la reforma del edificio de Correos que se inauguró el 9 de Diciembre de 1999. Los responsables de la Sociedad Estatal justificaron entonces que no iban a quitar el escudo puesto que apenas se iba a actuar sobre la fachada, al tratarse de un edificio protegido. Pese a estas afirmaciones el edificio no está catalogado, aunque si se ha valorado en alguna ocasión que al estar dentro del casco histórico protegido, y en la zona de influencia de un Bien de Interés Cultural, como es la iglesia del Salvador, sería necesario contar con los informes de la Dirección General de Patrimonio para determinar el camino a seguir, en caso de optar por la retirada del escudo.

Enmedio de la polémica, durante estos años, hay quien incluso ha llegado a cuestionar que el escudo de Correos sea un símbolo franquista. Ciertamente no es el escudo del águila cuyo diseño fue formalmente descrito y regulado por el Decreto nº 470 de 2 de febrero de 1938 firmado por Franco. Sin embargo, es el modelo de escudo llamado abreviado o simplificado para facilitar las impresiones con fines burocráticos, que se difundió en sellos, billetes de lotería, documentos de identidad u ornamentación arquitectónica. Mantiene el águila imperial y los escudos de armas de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, pero no incluye el lema Una Grande Libre, las columnas de Hércules con la ménsula Plus Ultra, el yugo, las flechas y el nudo gordiano, característicos del escudo oficial de la dictadura franquista.

La historia de la retirada de los símbolos franquistas en Burriana se remonta a hace veintiún años. El 18 de Diciembre  de 1987 se presentó por parte del grupo socialista, que gobernaba con mayoría absoluta, una moción que planteaba tres acuerdos. El primero sustituir el escudo preconstitucional que había en las dependencias municipales, que desapareció cuando a principios de los noventa se derribó el antiguo Ayuntamiento. El segundo, instar a otras Administraciones a que hicieran lo mismo, como por ejemplo Correos, cuyo escudo todavía existe. Y tercero proceder al derribo de la Cruz, llamada de los Caídos por Dios y por España, ubicada en el Jardín del Beso, por el grave deterioro que presentaba, y por ser un claro símbolo del régimen Franquista. Esa moción fue al Pleno del 7 de enero de 1988 y se aprobó con los votos favorables del PSOE y UPV, la abstención del CDS, y los votos en contra de los concejales de la entonces Alianza Popular, que lideraba Rafael Usó. Los populares planteaban, respecto a la Cruz, que en vez de derribarla sustituyeran la leyenda y los símbolos que representaban al régimen anterior por otra que pudiera ser asumida por cualquier ideología, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento socialista de Castellón, como por ejemplo: "Por la víctimas de la violencia". El 6 de Febrero de 1988 Alianza Popular presentó un Recurso de Reposición sobre aquel acuerdo, basado en que no había un informe técnico que acreditara el deterioro de la Cruz y que ese monumento era un bien de dominio y uso público, y como tal, no se podía hacer disposición de él mientras no se hiciera un previo expediente de desafectación del bien. El recurso fue rechazado por el PSOE, y el 5 de Abril de 1988, a una hora muy temprana, para evitar polémicas y susceptibilidades, se derribo la Cruz. Inmediatamente los concejales del grupo municipal de Alianza Popular presentaron un Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que les dio la razón el 11 de Abril de 1991, decretando que el acuerdo que facilitó el derribo fue nulo. El Ayuntamiento, regido todavía por los socialistas, recurrió al Supremo, que ratificó la sentencia en sus mismos términos en septiembre de 1996, gobernando ya el Partido Popular. Los concejales populares de la legislatura 1987-1991 pidieron a sus compañeros de partido que en cumplimiento de la sentencia se restituyeran las cosas en su ser y estado anterior, lo cual implicaba la reconstrucción de la Cruz, y se exigieran responsabilidades civiles a los concejales socialistas que adoptaron aquella decisión. El equipo de Gobierno del alcalde Alfonso Ferrada, incomodo con aquella situación, tuvo que esperar de nuevo a que los Tribunales aclararan de qué modo debía cumplirse aquella sentencia. Finalmente, en 1999 el TSJCV cerró el tema dando por buena la conclusión que estimaba que ya no era posible ir más allá de la declaración de nulidad, puesto que era irreversible la demolición del bien protegido. Respecto a la posibilidad de exigir responsabilidades civiles a los ediles socialistas, Ferrada declinó hacerlo, pese a que se lo pedía gente de su partido, manifestando que “no tomaremos ninguna iniciativa que hiera susceptibilidades y abra heridas ya cicatrizadas de la división de las dos Españas. Gobernamos para la totalidad de la gente de Burriana, que ya está por encima de estos temas. Mi política siempre será unir, y no desunir".