El equipo de Gobierno quiere que se adopte una decisión consensuada sobre qué hacer con el tramo central de la avenida de la Constitución

El equipo de Gobierno quiere que se adopte una decisión consensuada entre todas las fuerzas políticas de la Corporación Municipal acerca del tramo central de la avenida de la Constitución ante el convencimiento de que haga lo que haga el tema acabará en los tribunales. El asunto se abordó en la última comisión de urbanismo y la propuesta del concejal Javier Perelló fue que la decisión que se adopte sea por unanimidad. Por una parte están los vecinos que se han de retirar, cediendo parte de sus jardines, que en principio están dispuestos, siempre que sólo sea para vial. Sin embargo, los vecinos de la parte contraria reivindican su derecho a sacar la demarcación de sus viviendas 7 metros, dado que en su día el retiro en este lado excedió al ancho proyectado actualmente para el vial.

Si se acomete esta infraestructura se dará por cerrado un complicado procedimiento que comenzó hace 37 años con un primer diseño del vial en 1973 que ha sufrido distintas modificaciones y ha suscitado constantes debates sobre su resolución. En el fondo de toda esta controversia está el histórico enfrentamiento entre vecinos y un deseo municipal de sacar el proyecto adelante, dejando a todos contentos.

El 4 de septiembre de 2003 todos los partidos de la Corporación acordaron abordar la urbanización del tramo central de la avenida de la Constitución dado que ya están desarrolladas las unidades de ejecución A-1(a) y A2, A3 y A6, y con ellas 575 metros de este vial que es clave para el desarrollo y la vertebración de los poblados marítimos así como para el tráfico, con la consiguiente descongestión en la Avenida del Mediterráneo.

Incluso hay urbanizaciones como la NPR-2 y A-11 cuyas aguas pluviales se están vertiendo a acequias por no disponer de los colectores del tramo central de la Avenida de la Constitución. Desde 1998, cuando gobernaban en coalición PP y Bloc, que la urbanización de esta avenida ha estado presente en la vida política de manera reiterada, incluso ha aparecido varias veces en los presupuestos con consignación presupuestaria.

Pese a los miles de metros cuadrados que se urbanizaron entre 1997 y 2007, nadie ha sido todavía capaz de resolver estos 285 metros entre las calles Almenara y Joan Miró. Quedarían otros 465 metros hasta el Camí Fondo que no se ha planteado hasta la fecha por atravesar una zona muy consolidada.

En 1973 este vial se diseñó como una alternativa a la avenida del Mediterráneo con una amplitud de 32 metros. En base a aquella ordenación las viviendas de una parte de la calle se retiraron 16 metros y los de la parte contraria no se retiraron nada, a la espera de que se urbanizara la calle. Pasados los años, en 1983, el vial se rediseñó, y pasó a tener en los planos una amplitud de 18 metros, distancia que se mantuvo en el PGOU de 1995.

Con el fin de solucionar el desajuste existente entre las alineaciones reales y las alineaciones documentales, se le encargó en 2004 al letrado José Luis Lorente Tallada un informe en el que concluyó que “para resolver el evidente desajuste en las alineaciones, y regularizar urbanísticamente la zona, hay que expropiar los bienes de los propietarios que se encuentran al lado este, hasta obtener el suelo necesario, y llevar la alineación 9 metros más atrás, de la actualmente existente”. A los propietarios del lado oeste, propuso venderles los bienes sobrantes, hasta coincidir los lindes de sus parcelas con la alineación oficial del Plan. No obstante, la decisión plantean que se adopte por consenso.