El Ayuntamiento confirma que no se celebrará el Arenal Sound

Actualización: Arenal Sound insiste en celebrar el festival en Burriana

Los dos informes técnicos realizados por los servicios municipales del Ayuntamiento de Burriana coinciden plenamente en señalar “la inconexión y la falta de garantías” de la documentación presentada por la mercantil Imusic Festival SL para la celebración del Arenal Sound durante el verano de 2016. El actual equipo de gobierno ya ha tenido que hacer frente a las indemnizaciones marcadas por la sentencia que hacía referencia a la “vulneración de derechos fundamentales de los vecinos” durante la edición celebrada en la playa del Arenal en 2013, y según se ha argumentado en los nuevos informes “se pone de manifiesto que los estudios aportados por Imusic Festival SL no resultan concluyentes en garantizar la ausencia de molestias en los domicilios residenciales, en particular si se considera la circunstancia de la diversidad de fuentes, por lo tanto, no se verifica con seguridad técnica ni jurídica que no se sobrepasen los niveles máximos de emisión”.

Tal y como ya ha señalado en infinidad de ocasiones el concejal delegado del festival, Vicent Aparisi, “hemos insistido una y otra vez en que solo dentro del marco de la legalidad tanto a nivel de seguridad como en cuanto a molestias por ruido, se podría celebrar el festival. Jamás pasaremos por encima de una sentencia que confirmaba que en la edición de 2013 se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de Burriana”.

Tanto el informe técnico como el jurídico elaborado por los servicios técnicos municipales no pueden ser más claros y contundentes sobre las razones de la denegación. Ambos coinciden en señalar que, como ya se anunció desde el consistorio la pasada semana, “el Ayuntamiento debe acatar la sentencia y tener en cuenta que no puede otorgar una autorización de celebración del festival Arenal Sound en contra de los criterios que mantiene la misma, ni promover o consentir su celebración en las condiciones planteadas por la promotora para el presente ejercicio, a riesgo de que las autoridades y funcionarios públicos puedan incurrir en un delito de los tipificados en la legislación penal vigente”. La sentencia que hace ahora un mes confirmaba que se vulneraron los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas en la edición del 2013 autorizada por el anterior equipo de gobierno, aseguraba que “el acto administrativo que autoriza el festival, no contiene ni el más ligero examen de la incidencia acústica que provoca el evento” además de calificar de “licencia de corso” la autorización que los antiguos responsables municipales firmaron y que “permite al autorizado hacer cualquier cosa, sin un análisis de los horarios o el número de personas que asisten al evento”.