El Ayuntamiento de Burriana recurrirá dos sentencias urbanísticas en defensa de los intereses municipales

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá dos sentencias contrarias a los intereses municipales en materia urbanística, dictadas el pasado 11 de diciembre por dos instancias judiciales distintas.

La primera, fallada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón, estima parcialmente el recurso de reclamación patrimonial presentado por una mercantil, a la que el Ayuntamiento anuló en fecha de 6 de mayo de 2010 el Programa de Actuación Integrada de las unidades de ejecución A-24, A-25 y A-26; en aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana -dictada el 7 de noviembre de 2008-, a raíz del recurso interpuesto por varios propietarios de suelo contra los acuerdos municipales de adjudicación provisional y definitiva del PAI.

El juez estima la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento hacia la empresa y fija una indemnización de 870.170,49 euros, más los intereses legales devengados. El Consistorio, según ha informado Calpe, presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que la anulación del PAI responde a una resolución judicial por un cambio en la Ley, y en cualquier caso, solicitará una rebaja en la citada indemnización.

Por otra parte, el Ayuntamiento presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estima parcialmente el recurso de una mercantil contra el acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa de Castellón por dos parcelas de suelo no urbanizable para la ampliación del Cementerio Municipal, de 5.112 y 1.702,31 metros cuadrados, respectivamente.

El Ayuntamiento defiende el criterio del tribunal de expropiación –también refrendado por la Abogacía del Estado-, que fijó el justiprecio de las mismas en 148.552,84 euros y 46.691,57 euros, con una valoración por metro cuadrado de 27,48 y 26,12 euros, respectivamente.

La empresa propietaria alegó que las parcelas fueran consideradas como suelo urbanizable y, a raíz de la reclamación, el juez encargó un dictamen pericial, que determinó el valor del suelo en 267.38 €/m2 en ambas parcelas, elevando la cantidad inicial reclamada por las parcelas a 1.436.249,21 y 477.921,82 euros, respectivamente.

El alcalde afirma que el Ayuntamiento recurrirá hasta donde sea posible para defender los intereses del Consistorio y el criterio fijado por los técnicos municipales, "ya que hemos resuelto todas estas cuestiones de acuerdo con los informes jurídicos y técnicos de nuestros funcionarios".