El Ayuntamiento de Burriana da un paso al frente contra las construcciones ilegales en suelo protegido de la Marjal
El Ayuntamiento cumple así con un imperativo legal, establecido tanto en la legislación valenciana como estatal. En este sentido, se pronuncian de forma clara el artículo 245 de la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
La LUV establece en el primer apartado del artículo mencionado que el órgano instructor de un expediente administrativo por infracción urbanística que detecte un indicio de carácter de ilícito penal -en este caso el Ayuntamiento de Burriana-, “lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, suspendiendo la tramitación del expediente administrativo entre tanto no recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme”. La sanción penal, según el artículo 245 de la LUV, “excluirá la imposición de sanción administrativa, pero no la adopción de las medidas de restauración de la legalidad y de la realidad física alterada”.
Por su parte, el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, se expresa en términos similares y señala que cuando aparezcan indicios del carácter de delito o falta en la tramitación de un expediente administrativo por infracción urbanística o contra la ordenación del territorio, “el órgano competente para imponer la sanción –en este caso el Ayuntamiento de Burriana- los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado”. La sanción penal, al igual que en la legislación valenciana, “excluirá la imposición de sanción administrativa, sin perjuicio de la adopción de medidas de reposición a la solución anterior a la comisión de la infracción”.
En los dos expedientes remitidos a la Fiscalía se imputa la comisión de sendas infracciones urbanísticas muy graves, tanto que pueden ser constitutivas de un ilícito penal al tratarse de suelo no urbanizable de especial protección, incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
El pleno del Ayuntamiento del 2 de julio de 2009 aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción conjunta para impulsar un plan especial para mejorar los servicios de la Serratella y la Marjal, en cuyo texto quedaba claro que la Administración Local, responsable de hacer cumplir la Ley en el término municipal, intensificaría la vigilancia para evitar construcciones ilegales o la vulneración de la legalidad vigente, con el fin de garantizar la disciplina urbanística.
El equipo de Gobierno ha puesto de manifiesto que respalda las reivindicaciones de los vecinos de la Serratella-Marge en cuanto a la mejora de sus condiciones de vida y colaborará en todo lo que suponga dotarles de mejores servicios, pero también ha dejado claro que el Ayuntamiento debe perseguir las obras ilegales en suelo rústico y especialmente en suelo protegido, “porque es obligación de la Administración hacer cumplir la Ley”, han significado.
Me parece perfecto que se cumpla la legalidad pero en TODOs los aspectos, por ejemplo q pasa con el Aloha?? porque un concejal del PSOE hizo obras ilegales en su casa cuando por cercanía al mar está prohibido...etc además esperemos unos años haber si el ayuntamiento entonces necesita dinero y urbaniza el marjal (como ya intentó hacer con San Gregori) Son todos unos sin vergüenzas!!!