El PP aprueba en solitario el presupuesto de 2011, que reducirá el índice de endeudamiento del 116 al 101%, situando la deuda en 26,8 millones de euros

El índice de endeudamiento del Ayuntamiento de Burriana se verá reducido del 116 al 101 por cien tras las amortizaciones previstas en el presupuesto de 2011, que por importe de 26.524.726,28 euros ha sido aprobado esta mañana con los únicos votos del Partido Popular. Según la portavoz socialista, Cristina Rius, esa disminución de la deuda no se puede atribuir a una buena gestión del PP “sino a que prácticamente toda la inversión llevada a cabo ha sido gracias a los planes estatales; y así cualquiera”. El portavoz popular, Javier Perelló, ha objetado, indicando que los socialistas siempre olvidan que también existe el plan Confianza de la Generalitat, y que pese a que este año sólo se consignan en el presupuesto municipal 6 euros, en el capítulo de inversiones reales, el año pasado, había un millón de euros, “que casi se ha ejecutado en su totalidad”.

El pleno se ha iniciado con una exposición por parte del concejal de hacienda, Javier Perelló, quien ha valorado los presupuestos del año que viene como unas cuentas responsables y austeras, dada la situación económica actual, en las que se reducen diez millones de euros, respecto al presupuesto actual. Las negativas circunstancias que condicionan estos presupuestos las ha imputado a la administración del Estado, por haber recortado sus aportaciones, al tiempo que incrementaba el IVA del 16 al 18%. También ha mencionado las cantidades que ha tenido que afrontar el municipio, como consecuencia de resoluciones judiciales, que han acrecentado sustancialmente las cantidades a pagar en expropiaciones como la de la Papelera, significando que de no ser por ese caso concreto, el contexto financiero de Burriana sería mucho mejor que el de muchos Ayuntamientos. El edil ha enumerado algunas medidas de contención del gasto que se han tomado, como pasar de una aseguradora privada a la Seguridad Social a un grupo de funcionarios, lo que supondrá un ahorro de 165.000 euros; la supresión de asesores; la reducción del alquiler del parking de la calle Industria en un 50%; o el recorte en la aportación municipal al Centre Municipal d’Estudis, Rafel Martí de Viciana, en 132.914 euros, entre otras.

Para el Partido Socialista, no se trata de unos presupuestos austeros “pues para hablar de austeridad absoluta habría que reducir los tres asesores que quedan y las cuatro dedicaciones exclusivas de concejales. Concretamente, hay un edil, que cobra 53.000 euros al año, que ha gestionado un presupuesto en su delegación, de 7.000 euros”. Para la portavoz del PSPV, Cristina Rius, los actuales gestores municipales “son capaces de llevarnos a la quiebra técnica” y advirtió que todavía queda un paquete muy importante de facturas sin consignación presupuestaria, que no se han incorporado al presupuesto, y que pese a no disponer de datos concretos cifró en torno a los 2 millones de euros. Perelló, aunque no ha revelado a cuanto suben esas facturas pendientes, de ejercicios anteriores, ha desmentido que “ni de lejos se aproximan a esa cantidad”.

Por su parte, Mariola Aguilera ha calificado el presupuesto de 2011 como temerario, entre otras cosas por no incluir el último vencimiento de la Papelera, que asciende a 1.094.000 euros, confiando en que la Agencia Tributaria nos devolverá el IVA, “cuando la respuesta de la AEAT a la consulta que formuló el Ayuntamiento puede interpretarse de muy diversas maneras”. La concejala de Ciutadans también ha criticado el sustancial recorte al Centre Municipal d’Estudis Rafel Martí de Viciana, por el incremento que puede representar en las tasas, ante lo cual Perelló ha tirado de hemeroteca para recordar que “quien ahora defiende la gestión del CME en su día afirmó, en relación a la semana cultural, que sólo faltaba que programaran talleres de calimocho”.

Mercedes Giménez, de Coalició Valenciana, ha insistido en que buena parte de la maltrecha situación económica se debe a la expropiación de la Papelera, “y no me digan que es consecuencia de una resolución judicial, cuando la causa es una mala decisión tomada por ustedes, dado que existía otro camino, que era el que nosotros defendíamos, y que no le hubiese costado un euro al Ayuntamiento de Burriana”. También ha reprochado un exceso de optimismo en el presupuesto de ingresos, al pronosticar 325.000 euros en concepto de licencias de construcción, “cuando hay semanas que sólo pasa un expediente por la Comisión”.

Los tres partidos de la oposición han coincidido a la hora de proponer algunas medidas para reducir el gasto, como recortar todavía más asesores y dedicaciones exclusivas, alquileres, como el de la tenencia de alcaldía del puerto y el juzgado, o recuperar funciones delegadas, como la gestión de las multas a través de la Diputación. Por parte de CIBUR también se ha evaluado la creación de una empresa municipal de servicios que asuma algunos contratos como la limpieza.

En los puntos referidos a la plantilla de personal funcionario y la relación de puestos de trabajo correspondiente al año 2011, la concejala socialista, Roda Marco, ha lamentado que de las 10 plazas de funcionarios que se amortizan, cinco sean de Servicios Sociales, cuando es donde más falta hace. El concejal de personal, Juan Granell, ha apreciado que esas plazas no estaban ocupadas, y por lo tanto no se deja a nadie sin trabajo, recalcando que la plantilla de Servicios Sociales, durante los cuatro mandatos del PP, ha pasado de 12 a 28 funcionarios.

En el último punto del orden del día se ha sometido a aprobación un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 50.032 euros, que incluía una factura del abogado que defendió al concejal Javier Perelló en el proceso iniciado en los tribunales a raíz de la querella presentada por el Partido Socialista, que fue sobreseída provisionalmente. La edil, Iolanda Porcar, ha censurado que la querella fue interpuesta por el comportamiento personal del concejal Perelló, y por tanto es él quien debería pagar su defensa. Por su parte el edil popular ha observado que “no es suficiente tener que aguantar dos años, oyendo acusaciones de todo tipo por parte de ustedes, para que ahora me digan que debo ser yo quien pague de mi bolsillo. Quienes deberían hacerlo, si tuvieran vergüenza torera, para que no tuviera que hacerlo el Ayuntamiento, son ustedes, que interpusieron la querella”.