El alcalde resolverá el asunto de Sant Gregori en breve pero advierte de que los técnicos municipales dicen lo contrario de lo que pide la oposición

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, ha anunciado hoy que tomarán una decisión sobre Sant Gregori, bastante antes de los dos meses fijados como plazo por el concejal de urbanismo Javier Perelló, con independencia de se haya pronunciado o no la Consellería competente, acerca de si se el Ayuntamiento debe pagar o no las cuotas de urbanización en base a la ley del Suelo. Calpe ha manifestado que no confía demasiado en la Consellería porque la respuesta a la petición de informes elevada a la Secretaria Autonómica “han sido cuanto menos decepcionante”. “Hoy hay una norma vigente, ha señalado, y existe una Administración responsable de aplicarla, que es el Ayuntamiento. Yo no eludo en absoluto esa responsabilidad. Y por lo tanto habremos de decidir si es o no aplicable. La decisión sólo la puede tomar el Ayuntamiento. Si la Consellería resolviera antes lo tendremos en cuenta”.

El alcalde y el concejal de urbanismo, Javier Perelló, han comparecido hoy para contestar la rueda de prensa que conjuntamente dio la oposición en la que les exhortaban a que tomaran una decisión concreta sobre el pago de cuotas de urbanización en el proyecto de Golf Sant Gregori. “En concreto, ha dicho José Ramón Calpe, se nos pedía que esa decisión fuera la de pagar las cuotas”.

Calpe ha comenzado diciendo que “hemos de explicar cual es el estado del problema; a lo mejor la decisión final es esa, pero las cosas ni son tan fáciles ni tan ligeras como dice la oposición. Las señoras Giménez y Aguilera deben estar de acuerdo, pero me cuesta creer que todo el grupo socialista esté conforme y lo vea con esa tranquilidad, porque son unos cuantos más”.

“Estamos hablando de una urbanización que ciertamente lleva mucho tiempo, pero he de decir que pese a todo, dentro de la provincia de Castellón, de todas las actuaciones que tienen previsto un campo de golf, es la segunda que mejor funciona, a pesar del tiempo que lleva, lo cual quiere decir que este tipo de urbanizaciones tienen muchos problemas”.

Calpe ha afirmado que “no todas las ralentizaciones de los proyectos se producen en el Ayuntamiento. Quiero recordar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene desde hace tres años la petición para la regeneración de la costa y no ha resuelto todavía ni tan siquiera la declaración de impacto ambiental – Ministerio de Medio Ambiente administración socialista – y esa ralentización también hay que denunciarla. Nuestras visitas a Madrid, hasta ahora, han sido infructuosas”.

“Por otro lado, y lo entiendo porque es un problema complejo, a veces la ralentización la ha provocado el propio Urbanizador. Yo he de recordar que cuando firmamos el convenio con el Urbanizador el 29 de junio de 2005 se decía que en el término de 6 meses desde la aprobación del proyecto de urbanización se debía presentar la reparcelación. Y la aprobación del proyecto de urbanización fue el 17 de mayo de 2006. A partir de ahí el urbanizador tenía que haber presentado el proyecto de urbanización antes del 17 de noviembre de 2006. No se hizo, y no les hago ningún reproche, pero si hago constar que no se respetó la fecha límite, pactada libremente por las partes, porque era un convenio de urbanización, y se ralentizó. Y entre tanto se produjo una nueva ley del Suelo, que por supuesto yo que era Diputado no la vote. Fue el Partido Socialista el que aprobó una ley diciendo que el aprovechamiento urbanístico estaría libre de cargas de urbanización para los Ayuntamientos. Yo que podía oponerme a la ley en el Congreso de los Diputados me opuse. Fue el Partido Socialista quien decidió que eso se diera sin cargas de urbanización. Esa ley se publicó el 29 de mayo en el BOE y entraba en vigor el 1 de julio, y por lo tanto todos podían estudiar las consecuencias que tendría, pero el asunto es que el proyecto de reparcelación, que según el convenio tendría que estar presentado el 17 de noviembre de 2006, se presentó el 18 de julio de 2007, 18 días después de entrar en vigor la ley que ahora crea la polémica”.

“¿Qué ha pasado desde la entrada en vigor de la ley?, ha explicado el alcalde. Los técnicos municipales, unánimemente, entienden que el Ayuntamiento no debe pagar las cuotas de urbanización. Ese es el criterio de los técnicos municipales. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General competente en la materia, y en respuesta a una consulta que se le hizo desde los Servicios Territoriales de la Consellería en Castellón, entiende que en este caso concreto, habiéndose presentado el proyecto de reparcelación después de la entrada en vigor de la ley, el aprovechamiento debe estar libre de cargas. Por tanto un criterio, ciertamente no vinculante de la Generalitat Valenciana, pero representativo, y un criterio de nuestros técnicos municipales, dicen que no hay que pagar. Las cosas no son tan fáciles. La oposición nos tendrá que explicar por qué en ese contexto ellos se ponen en contra de los intereses municipales, que sería no pagar – esto le puede costar alrededor de 3.000 euros a cada burrianense, que nuestros técnicos nos dicen que nos hemos de ahorrar – , y en cambio ellos quieren que se paguen. Yo creo que eso hay que explicarlo satisfactoriamente porque una gente que monta un lío impresionante, porque según dicen se condonan unos enganches de grúa por menos de 2.000 euros, ahora quieren regalar 10 o 12 millones de euros. Eso hay que explicarlo. Pero insisto en que a lo mejor tienen razón, y que la decisión podría ser esa. Pero las cosas no se pueden hacer con tanta ligereza. Nosotros estamos en la reflexión de esta cuestión y estamos por darle una solución, pero comprenderán que la solución si se va en contra de los criterios de la casa habrá que fundamentarla muy bien porque nos estamos jugando el tipo y debemos rendir cuentas de muchas cosas. Es una cuestión que exige reflexión y estudio para tomar la decisión correcta”.

“Yo entiendo que el proyecto se retrasa mucho, no siempre por culpa del Ayuntamiento; no menos que otros proyectos, incluso menos que otros, pero nosotros hemos de ir a la nuestra y tenemos el máximo interés en que Sant Gregori salga, porque como he dicho siempre, y la oposición me ha copiado la frase, va a ser una muestra de credibilidad de la capacidad de Burriana en este tipo de desarrollos. Nos jugamos la credibilidad, no ya sólo como Ayuntamiento, sino como municipio con capacidad de desarrollar este tipo de programas; pero las cosas las tenemos que hacer muy en serio. Lo resolveremos lo más pronto que podamos y no quiero anticipar todavía en qué sentido, porque veo que el tema es muy polémico, pero nuestros técnicos y la Generalitat también lo ven muy claro en un sentido que no es el que la oposición está solicitando”.

Por su parte, Javier Perelló ha dicho que “las manifestaciones de la oposición son una cuestión de oportunismo y falta de ética, entre otras cosas porque el lunes por la mañana, con la misma claridad y rotundidad que lo ha explicado el alcalde aquí, se les explicó a ellos, y no dijo nadie absolutamente nada. Hubo alguna manifestación por parte de CIBUR y Mercedes Giménez, pero el Partido Socialista no dijo ni mú, y por lo tanto me parece una falta de ética no decir nada el lunes y sacar ahora todo esto. La empresa tiene conocimiento de cuales son los criterios a seguir en la reparcelación y están trabajando, pues de hecho tenía que haber estado aquí el Gerente de la empresa, que precisamente está en Valencia con Amparo Baixauli que es la técnica que el Ayuntamiento ha contratado, y por eso no esta aquí. El próximo martes hay programada una reunión con Amparo Baixauli y los técnicos, y será cuando compareceremos, él, yo y el alcalde, para que el Gerente de esta empresa explique que están haciendo y desde cuando lo están haciendo. Por tanto, no es cierto que estén parados, porque el Ayuntamiento no les diga lo que tienen que hacer. Una reparcelación tan compleja como Sant Gregori no se hace en un día, ni en dos, ni en dos meses, y por tanto las parcelas que serán del Ayuntamiento, independientemente de que el Ayuntamiento pague en dinero o no pague, van a ser las mismas, por lo tanto no influye en nada. La diferencia va a ser que el Ayuntamiento tenga que pagar 10 millones de euros o no, pero la distribución de parcelas en cualquier caso siempre va a ser la misma. Tienen al menos dos meses de trabajo por delante y en ese espacio de tiempo nosotros tomaremos la decisión que tengamos que tomar”.