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Bravo se ha reunido con los representantes de AVACU y de la Unión de Consumidores

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    La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, se ha reunido con los representantes de la Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU), y de la Unión de Consumidores (UCE), para darles a conocer el servicio gratuito de orientación jurídica (SOJ) para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias. El SOJ se puso en funcionamiento el pasado lunes, 30 de enero, en el Colegio de Abogados de Valencia y se extenderá a los de Sueca, Alicante, Elche, Alcoy, Castellón, Alzira y Orihuela a lo largo de este mes de febrero.

    La consellera Bravo ha explicado a los representantes de las organizaciones de consumidores que la Generalitat asume tanto el coste del servicio que se presta en las organizaciones colegiales como los gastos derivados de la formación específica en esta materia que han recibido los abogados de cada colegio que vayan a prestar el asesoramiento legal a los afectados por esta situación. Se calcula que entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana puede haber unas 500.000 personas que en su día firmaron hipotecas que contenían cláusulas suelo que, de media, han pagado alrededor de 6.000 euros de más.

    Además de en las sedes físicas de las organizaciones colegiales, los posibles usuarios podrán solicitar la asistencia del SOJ en el teléfono de cada colegio de abogados así como en la página web de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, en la dirección: consultar aquí

    En los SOJ, los interesados tienen a su disposición tanto la información necesaria sobre lo que debe hacer si sabe o sospecha que su hipoteca contiene algún tipo de cláusula-suelo declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como un formulario-tipo para que, en el caso de que sea así, el afectado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentarlo ante la entidad financiera correspondiente para iniciar el proceso legal.

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