Bravo propone al Ministerio de Justicia que se acompase la reincorporación del personal de los juzgados a la 'urgente' reactivación de plazos procesales

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha propuesto al Ministerio de Justicia que se establezca un plan para acompasar la reincorporación de los funcionarios y funcionarias de los tribunales a la, según ha dicho, "urgente reactivación de plazos procesales de algunas jurisdicciones".

Así se ha expresado en la reunión que, este jueves, ha mantenido con el titular de la cartera de Justicia, José Luis Campo, y el resto de responsables autonómicos en la materia.

Gabriela Bravo ha asegurado que, debido a la evolución de la pandemia y el previsible calendario de fases de las próximas semanas "es tiempo para que se modifique la disposición adicional segunda del decreto de declaración del estado de alarma" de manera que se puedan reactivar parcialmente los procedimientos en algunas jurisdicciones.

Cabe recordar que con esa disposición se suspendían los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, salvo los procedimientos de habeas corpus, servicios de guardia, actuaciones con detenidos, órdenes de protección, vigilancia penitenciaria y medidas cautelares en matera de violencia de género o menores.

Según la consellera, "es necesario acometer un periodo transitorio para la reactivación de los procesos judiciales que sea gradual porque hacerlo todo a la vez no será posible".

Además, "tampoco tendrá sentido que vuelvan al trabajo presencial un mayor número de funcionarios si no tienen cometido porque los plazos procesales siguen suspendidos", ha dicho.

En este sentido, Bravo ha apostado por un "desescalamiento asimétrico" de la actividad de los tribunales porque "no todas las comunidades autónomas, ni siquiera todos los partidos judiciales tienen las mismas características". No obstante, la consellera ha insistido que la vuelta a la normalidad judicial debe hacerse "en coordinación con la situación sanitaria".

Gabriela Bravo ha asegurado que "no será suficiente con un plan general de aplicación a todas las sedes judiciales", sino que va a ser necesaria "la elaboración de planes de contingencia específicos para cada uno de los edificios que tenga en cuenta sus características y funciones".

En este sentido, la consellera ha explicado que en la Comunitat Valenciana "ya se está trabajando en estos protocolos de salud laboral de acuerdo con las directrices del Invassat, que nos van a permitir evaluar cada puesto de trabajo para que se pueda ejercer con seguridad".

"Es esencial que se reanuden plazos procesales durante la fase I de la desescalada para que se puedan empezar a celebrar algunos juicios durante la fase II, al menos, en la jurisdicción de lo Social", ha dicho la consellera, porque es en este ámbito "el que más carga de trabajo está acumulando debido a la crisis económica que ya está produciendo la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19", ha concluido.