Bravo destaca que sin la profesionalidad y entrega de las policías locales de la Comunitat 'no habría sido posible' la gestión del estado de alarma
El conjunto de las 258 policías locales de la Comunitat detuvieron a 351 personas, identificaron a otras 415.688 e interpusieron 53.959 denuncias por vulnerar normas para luchar contra la propagación de la COVID-19
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado este martes que la crisis de COVID-19 "nos ha enseñado a quienes, como los policías locales, han dado una lección de solidaridad, de entrega y de labor pedagógica e informativa pues han estado desde el primer momento en la calle".
Bravo ha realizado estas declaraciones durante el acto de inauguración de la nueva sede de la Policía Local de Llíria, en el que ha participado junto al alcalde de la capital del Camp del Túria, Manuel Civera, y el resto de la corporación municipal.
En este sentido, Bravo ha destacado el papel del cuerpo de seguridad más próximo "que mira a la ciudadanía por encima de todo para protegerla y favorecer sus derechos para garantizar esa cohesión y ese bienestar para que todos y todas podamos vivir un poco mejor y un poco más seguros".
En este sentido, la consellera ha elogiado "el trabajo coordinado, de empatía y de entrega en una situación excepcional como el Estado de Alarma que limitaba los derechos" pero cuya gestión "sin la profesionalidad de los agentes locales no habría sido posible".
Esta profesionalidad, según Bravo, viene determinada por la formación continua "como la que brinda el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias donde se trabaja en una oferta formativa para que las policías locales estén más preparadas y especializadas".
Las 258 corporaciones de Policía Local integradas en el Centro de Coordinación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (CENPOL) detuvieron a 351 personas, identificaron a otras 415.688, interpusieron 53.959 denuncias y controlaron 322.831 vehículos en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el pasado domingo, 19 de julio. Todas estas actuaciones policiales fueron provocadas por vulnerar las normas decretadas para luchar contra la propagación de la COVID-19 en las tres provincias.
