Bravo defiende ante la AVL que la Ley de Función Pública garantizará el uso del valenciano en las relaciones de la ciudadanía con la Administración

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido este lunes con el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, para explicarle las medidas para implementar el valenciano en el acceso al empleo público que están previstas en el anteproyecto de ley de Función Pública de la Generalitat.

La consellera de Justicia ha querido con esta reunión trasladar ante la AVL la hoja de ruta del futuro texto, que ha reivindicado como "instrumento necesario para garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración en la lengua que elija".

Durante el encuentro, -al que también ha asistido la secretaria de la AVL, Verònica Cantó, el letrado de la institución, Agustí Colomer y la secretaria autonómica de Justicia y Función Pública, Mireia Llobera- Bravo se ha comprometido a enviar el texto definitivo a la AVL para que el ente normativo se pronuncie al respecto.

La consellera también ha explicado que el anteproyecto de ley se elevará al pleno del Consell en cuanto se abra el periodo de sesiones en Les Corts. Así, ha recordado que la nueva norma ya fue aprobada en primera vuelta por el Ejecutivo y que ahora se incorporarán las consideraciones de los órganos consultivos, para que le ley sea una herramienta útil para mejorar los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

"La ley pretende por encima de todo que cualquier valenciano o valenciana pueda relacionarse con la administración en el idioma que elija, toda la ciudadanía valenciana que quiera relacionarse en valenciano tiene ese derecho y la Administración debe estar preparada para garantizarlo", ha dicho la consellera al término de la reunión. En esta línea, ha asegurado que el texto será "el instrumento necesario" para consolidar el uso social del valenciano en la función pública.

Bravo ha recordado que la norma recoge como requisito de acceso el de "acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente", de forma que se respete "el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo", tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional en materia lingüística.

En este sentido, la consellera ha explicado que, en el plazo de un año, tras la aprobación de la norma por Les Corts, se elaborará el reglamento que establecerá los criterios de proporcionalidad. Todo ello sin olvidar, tal y como ha proclamado Gabriela Bravo, que el valenciano "es nuestro patrimonio cultural y social más valioso" y, por ello, los poderes públicos "tienen que protegerlo y fomentarlo".

Consideraciones del CJC

Gabriela Bravo se ha referido también al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) elaborado sobre el anteproyecto de ley. En este sentido, ha recordado que lo que este órgano ha dictaminado es que la aplicación automática de unos niveles de conocimiento del valenciano según la categoría de la oposición, es una "incoherencia y una contradicción jurídica" con respecto al artículo que fija en un reglamento el desarrollo de los niveles de capacitación a exigir para el acceso a la Función Pública en base al "principio de proporcionalidad" y de "adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes al puesto". Principios que recoge la ley y a los que se remite el CJC.

Por esta razón, Bravo ha defendido la eliminación del artículo que reclama la aplicación automática de unos niveles de conocimiento del valenciano en base del nivel de la oposición y ha defendido el mantenimiento de la capacitación "con adecuación y proporcionalidad" al puesto. Puntos estos recogidos en el articulado del anteproyecto, a los que se remite el dictamen del CJC, y que cumplen con la doctrina del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, Bravo ha explicado a los académicos que la llamada "excepción sanitaria" que contempla el anteproyecto hace referencia a que "de forma excepcional y no definitiva, sino provisional, se podrá ocupar un determinado puesto en el sistema público de salud sin acreditar la capacitación lingüística en ese momento para que la plaza no quede vacante".

Bravo ha recalcado que se trata de una "excepción" a la norma y que solo se aplicará "si hay necesidad de personal y en ese momento no se dispone de nadie con la competencia lingüística requerida", tal y como quedó plasmado en el anteproyecto de la ley.

En todo caso, Bravo ha asegurado a los representantes de la AVL que el valenciano "no es un problema en la Administración pues casi siete de cada diez empleados de la Función Pública valenciana tiene algún tipo de acreditación de conocimientos de valenciano". De los 15.798 trabajadores y trabajadoras que componen ahora mismo la Función Pública, 11.327 tienen algún tipo de titulación, y de ellos, casi la mitad, 5.974, tienen el Grau Mitjà o el Grau Superior.