Blasco: “La Ley valenciana de Régimen Local supone un plus para garantizar la transparencia en la gestión de los ayuntamientos”
El Síndic popular explica que el texto “regula todos los supuestos del concejal no adscrito, a diferencia de la normativa estatal”
El proyecto de ley articula diferentes formas de participación e información ciudadana. “Concretamente se crean instituciones como el Defensor del Vecino, el Consejo Social o el Consejo Territorial de Participación”
Blasco ha explicado que la normativa introduce novedades como la declaración de los bienes de los bienes de los concejales y obliga a los ayuntamientos a presentar sus cuentas ante la Sindicatura de Cuentas como condición para obtener alguna subvención de la Generalitat.
Asimismo, el Síndic popular ha subrayado que el texto “regula todos los supuestos del concejal no adscrito a diferencia de la normativa estatal, el de la expulsión del Grupo Municipal”. Blasco se ha mostrado sorprendido por el hecho de que los socialistas valencianos hayan mostrado reticencias respecto a este punto “tal vez para avalar casos de transfuguismo como el de Benidorm”.
El dirigente popular ha destacado que la nueva Ley prevé la creación del régimen de gestión compartida en los pequeños municipios para lograr una mayor eficacia de sus recursos”. El objetivo, ha aclarado Blasco, es “facilitar a los pequeños municipios la prestación de servicios que les resulten de difícil acceso mediante convenios y acuerdos con otras administraciones”.
Además, Blasco ha indicado que el proyecto de ley articula diferentes formas de participación e información ciudadana. “Concretamente se crean instituciones como el Defensor del Vecino, el Consejo Social o el Consejo Territorial de Participación”.
El portavoz popular ha señalado que varios ayuntamientos “van a poder compartir personal para optimizar recursos para retribuir entre todos determinados puestos de trabajo que por sí solos no pueden mantener como es el caso de los arquitectos, aparejadores y trabajadores sociales” y ha añadido que la Generalitat “asume la tutela financiera de los consistorios”.
