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Blasco urge a Corbacho a retomar el diálogo sobre la inmigración

  • El conseller de Inmigración y Ciudadanía denuncia la errática gestión del Gobierno de España

  • El conseller considera que el ministro debe contar con las comunidades para afrontar la inmigración en tiempos de crisis

  • Lamenta los fracasos del Ejecutivo: el Plan de Retorno, la Ley de Extranjería, el paro y la ‘vergonzosa’ distribución del Fondo de Acogida

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha denunciado esta mañana “los oídos sordos que está sufriendo la Comunitat por parte del ministro Corbacho en las relaciones institucionales en materia de inmigración” por lo que de esta manera le ha urgido a retomar el diálogo institucional del Consell para hablar de inmigración, sobre todo, ante una situación de crisis económica. “Ha ignorado –ha continuado el conseller- cualquier propuesta de reunión o iniciativa. Es un bloqueo que, además, afecta a uno de los colectivos más afectados por la crisis”.

El conseller Rafael Blasco ha realizado estas declaraciones en relación a la próxima visita a la Comunitat del ministro de Trabajo e Inmigración. “Desde que tomó la cartera del Ministerio en abril de 2008. Su labor en materia de extranjería ha sido errática y de espaldas a las comunidades autónomas”.

Las peticiones de Blasco pasan por una distribución justa de las ayudas contempladas en el Fondo de Acogida de acuerdo con la población inmigrante; mayor control en las costas valencianas para evitar la llegada de inmigrantes irregulares en pateras; medidas efectivas contra el paro inmigrante y la recolocación de estos trabajadores en el mercado laboral.

El responsable de Inmigración ha destacado también que “las cifras y los resultados de las iniciativas del Gobierno de Zapatero en materia de inmigración no dejan lugar a dudas en cuanto a los pésimos resultados: el Plan de Retorno, la reforma de la Ley de Extranjería, el paro, la falta de sistemas de seguridad en las costas valencianas y cómo no, la vergonzosa distribución del Fondo de Acogida entre las comunidades autónomas”.

Fracaso del Plan de Retorno Voluntario del Gobierno

En el reciente estudio de la Universidad de Alicante queda demostrada la ineficacia de una de las medidas estrella de inmigración del Ejecutivo: Únicamente 1 de cada 36 extranjeros que vuelven a su país recurre al Plan de Retorno Voluntario del Gobierno.

Para Blasco el estudio pone de manifiesto que “la decisión gubernamental socialista de montar una operación para que los inmigrantes retornaran con unas ayudas que luego no se han materializado ha sido un fracaso”.

El desempleo extranjero aumenta un 82% en un año

La falta de medidas concretas para generar empleo y evitar el paro por parte del Gobierno de España se traduce en la Comunitat en que del total de parados extranjeros en España (488.570), un 14,6% (71.274) se encuentran en la Comunitat.

Este colectivo supone casi un 15,8% del total de desempleados en tierras valencianas, cifra que supera la media española.

Respecto a las cifras de desempleo y los malos augurios hechos públicos por el ministro, el titular de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha incidido en que “el paro puede incrementar la irregularidad al estar condicionado el permiso de residencia al del trabajo”.

El drama de la inmigración irregular se mantiene

Las pateras continúan llegando a las costas valencianas.

2007: 10 pateras y 128 inmigrantes
2008: 6 pateras y 38 inmigrantes
2009: 6 pateras y 54 inmigrantes

La Generalitat ha requerido al Gobierno Central que aumente los medios del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en las costas de la Comunitat. Además de no haber radares fijos funcionando, pese a anunciarse hace año y medio, tampoco se han ampliado los radares móviles.

Nefasta distribución del Fondo de Acogida para Inmigrantes

Con la distribución final del Fondo, la Comunitat recibirá 22.944.859 millones de euros. Teniendo en cuenta que en tierras valencianas residen 882.870 personas extranjeras, serán 25.98€ por inmigrante. Una cantidad inferior a la mayoría de regiones españolas. La Conselleria de Inmigración y Ciudadanía considera que la cuantía razonable debería sumar al menos 30 millones de euros.

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