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Blasco exige al Gobierno socialista un Pacto de Estado por la Inmigración

  • El Gobierno niega abrir el diálogo social que hace más de un año propuso Blasco

  • La Ley de Extranjería invade competencias de las autonomías y excluye a los ayuntamientos

  • Blasco denuncia el desfase entre el esfuerzo económico del Consell y el del Ejecutivo

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha denunciado que “el Gobierno socialista se niega a abrir el diálogo social que hace más de un año le propusimos desde el Consell a Rodríguez Zapatero”. A juicio del conseller Blasco “ya no estamos ante un fenómeno nuevo, sino ante una realidad que en la Comunitat representa el 17% de la población, por lo que necesitamos políticas concretas en integración y un Gobierno de España responsable”.

En este sentido, el titular de Inmigración ha hecho hoy referencia a que la Ley de Extranjería del Gobierno es “una Ley insuficiente, carente de consenso social, que no responde a las necesidades actuales. Y que invade competencias de las autonomías, dejando fuera a los principales actores de la integración, como son los municipios”. Según Blasco, “el Gobierno socialista, una vez más, aparca las políticas sociales en materia de inmigración”.

En este sentido, el Conseller ha hecho hincapié en “la laguna que deja la Ley en materia de integración”. El titular de Inmigración, ha destacado, asimismo, que estamos ante “un texto que invade competencias de las autonomías en materia de integración, en su artículo de política migratoria, y no entra en la gestión de extranjería”. Según Blasco, “uno de los mayores errores de esta Ley es dejar al margen de la política migratoria a los ayuntamientos, la administración más cercana a los inmigrantes e instrumentos de integración”.

Blasco ha querido apuntar también que “una ley tan relevante como ésta no es posible hacerla sin un consenso real. Son las autonomías las que asumen los costes de la atención de las personas independientemente de su situación legal, las que les ofrecen la acogida, les aseguran respaldo en materias tan básicas como la sanidad o la educación”.

En cuanto a los costes de la inmigración, Blasco ha denunciado el desfase entre el esfuerzo económico del Gobierno Valenciano que destina 1.620 euros por inmigrante, frente a los 26 euros que destina el Gobierno central en la región valenciana. Una situación que el conseller ha calificado de inaceptable: “Zapatero ha aprobado un sistema de financiación improcedente tanto para los valencianos de nacimiento como para los nacidos fuera de nuestro territorio”.

La inversión del Consell en Inmigración es de 1.372.665 millones de euros ejecutados. En este sentido, Blasco ha subrayado que “ante la falta de ayudas estatales el Gobierno Valenciano se ve obligado a destinar más dinero del que recibe del Gobierno para atender a la población inmigrante”.

En datos concretos supone: la prestación sanitaria a 708.879 personas inmigrantes, 479.987 beneficiarios de programas del Área de Acogida y 85.839 inmigrantes beneficiarios de programas de Familia, Infancia y Juventud. Asimismo, se ha fomentado el acceso a comedores escolares de 16.475 niños inmigrantes y transporte gratuito a 43.000, además de 17.757 beneficiarios de programas de Educación.

El conseller de Inmigración y Ciudadanía ha reiterado “la importantísima labor de los municipios en materia de inmigración” y que a su parecer “resulta incomprensible que una Ley de la envergadura de esta no cuente con uno de los actores principales”. Blasco ha recordado que “en la actualidad 56 municipios de la Comunitat cuentan con una población extranjera superior al 30% del total de sus habitantes. Y que 6 de cada 10 nuevos empadronados son inmigrantes”.

Por último, el conseller Blasco ha señalado que “el Gobierno parece obviar que el fenómeno migratorio es una realidad. Hablar de políticas de integración es hablar de políticas sociales y de servicios, así como de instrumentos que permitan esta”.

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