Blasco: “El BOE demuestra que el Gobierno miente a las comunidades”

El 2 de abril aparecía publicado en el Boletín Oficial del Estado la asignación de 141 millones de euros para el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo. “Lo que en un principio pudiese parecer algo meramente burocrático se ha convertido en una desautorización al Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho y en una auténtica burla a las comunidades autónomas que necesitan esta financiación para poder hacer frente al peso de la inmigración” ha destacado el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco.

A juicio de Blasco ha manifestado que “la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respecto a este Fondo es intolerable. Han llevado a la máxima expresión su política de bandazos y palos de ciego”. Para llegar a esta conclusión hay que remontarse hasta el 10 de febrero cuando en la Conferencia Sectorial de Inmigración se anunciaba a todos los representantes autonómicos la cantidad de 200 millones para este fondo.

Tan solo diez días después llegaba la notificación por carta del “tijeretazo” del 30% a la citada subvención. Así, el 13 de marzo, en el Consejo de Ministros se aprobaba dicho recorte y se publicaba la distribución entre las regiones españolas. La Comunitat recibía entonces la noticia de que serían 15.9 millones, lo que significaba 7 menos que la asignación del ejercicio 2008 (22.814.228).

Una semana después (el 21 de marzo) el Ministro Corbacho anunciaba en la Escuela de Invierno del PSC que el Ejecutivo pensaba reestablecer la cuantía y volver a los 200 millones que se comunicaron en un principio. En ese mismo momento pedía a las autonomías que “incrementaran las ayudas a las políticas sociales”.

Ya entonces, Rafael Blasco instaba al Ejecutivo una distribución más justa que la del año 2008 en la que la valenciana era la segunda región española con menor aumento (solo un 0.43%) cuando la media estatal se había incrementado en un 2,39%. Además, autonomías como el País Vasco o Galicia vieron extendidas sus subvenciones del mismo en un 16,62% y un 10,32%, respectivamente

Publicación en el Boletín Oficial del Estado
El 2 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución del reparto del Fondo pero no de 200 millones, tal y como había informado el ministro Corbacho, sino de 141 manteniendo, por tanto, el recorte.

Para Rafael Blasco “el Gobierno de España va de despropósito en despropósito. Dicen una cosa para luego hacer otra teniendo durante ese tiempo a las comunidades autónomas a la espera. Es un hecho más que comprobado que el ministro Corbacho no quiere sentarse a dialogar puesto que al menos por mi parte puedo decir que son varias las misivas que le he dirigido instándole a convocar de manera extraordinaria y urgente la Conferencia Sectorial de Inmigración para poner los problemas sobre la mesa e intentar buscar soluciones”.

“La situación –ha continuado el conseller Blasco- es insostenible y vergonzosa. La tijera de José Luis Rodríguez Zapatero trasquila la política social del Consell cuando lo que debería hacer es por una vez las cosas correctamente y distribuir el Fondo de una manera justa y adecuada a la realidad demográfica de las autonomías”. En este sentido, tal y como publica el BOE, la inversión para la Comunitat ha pasado de los 22,8 millones de euros del pasado año a 15,9 millones suponiendo una cantidad inferior incluso a la de los años 2007 y 2006.

Así, pese a que en la autonomía valenciana el número de personas inmigrantes ha aumentado 115.000 alcanzando un total de 847.339, la ayuda del Gobierno Central se reduce en 9 euros, pasando de 27 en 2008 a 18 para este ejercicio.

Una política desastrosa que puede acarrear efectos nefastos
En esta dirección, el conseller Rafael Blasco ha manifestado que la atención en los centros de acogida y la labor de los ayuntamientos “corren un serio riesgo en su financiación por lo que numerosos inmigrantes, muchos de ellos enviados por el Gobierno a la Comunitat desde Canarias, pueden ver como se quedan sin el derecho a recibir una atención digna. Esta situación puede llegar a ahogarles económicamente”. A través del dinero procedente del Gobierno de España, se financian junto a la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía un total de 562 plazas de acogida, así como recursos de los municipios para favorecer la integración.