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Blasco: “Caamaño quiere dar la instrucción a los fiscales pero sujetarlos al Gobierno”

    El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, considera que “no se puede atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal mientras el Fiscal General del Estado sea un apéndice del Gobierno y sin que se garantice su imparcialidad e independencia política, algo que no ocurre actualmente”.

    Blasco se ha pronunciado en estos términos en respuesta a los cambios anunciados esta misma mañana por el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ha avanzado que su departamento presentará un primer borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal que trasladará la instrucción penal a las fiscalías y modificará la regulación actual sobre figuras como la acusación popular.

    “Si Cándido Conde Pumpido actúa actualmente a las órdenes del gobierno socialista pese a la existencia de los jueces de Instrucción, sin la limitación de estos su actuación debería asustar al Estado de Derecho”, ha afirmado Blasco.

    A juicio del conseller, “el modelo al que aspiran Caamaño y los socialistas es el de dar la instrucción a los fiscales, pero sujetarlos al Gobierno”.

    En esa misma línea, Blasco ha añadido de manera tajante que “el siguiente paso será quitarse la careta y decir ya directamente que dependan del ministro Rubalcaba sin disimulos como ocurre ahora”.

    En cuanto a las limitaciones de la acusación popular, el conseller entiende que Caamaño “sigue su misma lógica de controlar la instrucción penal”. En su opinión, “una vez atados los fiscales vinculándolos al gobierno socialista y controlando a través de ellos la investigación penal, ya no hacen falta acusaciones populares”.

    Blasco señala que, “de esta forma, se evita por ejemplo que se formule alguna querella contra políticos socialistas, mientras ellos, a través de la fiscalía, atacan la oposición”.

    Consejos de Justicia Autonómicos
    En relación a los Consejos de Justicia autonómicos, a los que también se ha referido el ministro Caamaño, Blasco ha señalado que “el Consell está a favor de desarrollar nuestro Estatuto pero con realismo y seriedad, y desde esta perspectiva los Consejos de Justicia autonómicos no son una necesidad urgente para la justicia”.

    “Ni los jueces, ni los secretarios, ni los abogados ni los procuradores los reclaman como una necesidad, ni siquiera secundaria, para modernizar la justicia”, asegura el conseller, que cree que dichos consejos “van a suponer un gasto importante añadido a las comunidades autónomas que muy bien podría usarse para modernizar la oficina judicial o crear más plazas de jueces, que sí es urgente”.

    “Que no engañe el ministro con argumentos de que es necesario para la Justicia; es necesario sólo para los socialistas, para sus intereses en las elecciones catalanas y nada más”, concluye.

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