Blasco apoya que los Ayuntamientos puedan aplazar la devolución de los anticipos del Estado hasta 10 años
El estado exige a consistorios y diputaciones 675 millones de euros por los adelantos de 2008 y 2009 “que se hicieron con previsiones irreales y ficticias”
“El Gobierno socialista ha trasladado la factura de la crisis a las comunidades autónomas y municipios, que son quienes prestan los servicios a los ciudadanos”
El Sindic pide que se flexibilice la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos
El Sindic popular ha señalado que esta medida “daría un respiro a las entidades locales, que en este momento están ahogadas, no implicaría el incremento de la deuda pública y a su vez supondría una menor necesidad de financiación de las entidades locales”.
Blasco ha recordado que el Estado concede anticipos a cuenta (dinero que les corresponde de los ingresos del Estado) a las Comunidades Autónomas y las entidades locales en función de los presupuestos de cada ejercicio y las previsiones que estos contemplan, y dos años después liquida esos anticipos con saldos negativos o positivos ajustados a la realidad.
Respecto a los anticipos de los ejercicios 2008 y 2009, que son los que toca devolver ahora, Blasco ha señalado que se hicieron con previsiones “irreales y ficticias”, lo que ha provocado “unos desajustes que implican unas devoluciones totalmente injustas”. “El Gobierno de España no prestó atención a la crisis que España ya tenía encima y calculó mal, lo que, sumado a la falta de un modelo sólido de financiación local ha llevado a los ayuntamientos a una situación especialmente difícil”.
Así, el Sindic popular ha señalado que el Estado reclama a los 542 ayuntamientos de la Comunitat y a las Diputaciones provinciales 675 millones de euros (sólo los tres ayuntamientos de las capitales de provincia suman 169,57 millones de euros, mientras que a las diputaciones se les exige la devolución de 283 millones de euros por los dos años), “unas cantidades desorbitadas y consecuencia de errores de cálculo”.
Blasco ha acusado al Gobierno socialista de “trasladar la factura de la crisis a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son quienes finalmente prestan los servicios a los ciudadanos”. Asimismo, ha añadido que mientras las administraciones locales en la Comunitat están realizando “una labor encomiable de austeridad se ven castigadas por un sistema de financiación local que no está actualizado y que en los últimos años ha fallado en sus previsiones”.
Así, ha insistido en que “de la suma de errores, previsiones ficticias y actuaciones arbitrarias se deriva una reclamación de devolución que deja a los ayuntamientos y diputaciones en una situación de gran incertidumbre, ya que condiciona gravemente la planificación de servicios futuros”.
Blasco ha indicado que desde el Grupo Popular “el compromiso con las entidades locales es máximo” y ha señalado que aplazar las devoluciones al Estado, así como flexibilizar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos “son dos soluciones complementarias en las que los populares creemos y que supondrían un balón de oxígeno para ayuntamientos y diputaciones”. Asimismo, Blasco ha solicitado en la iniciativa parlamentaria que se autorice a los ayuntamientos a refinanciar los vencimientos de deuda y ha exigido que se proceda a la reforma de la Ley de bases de régimen local.
