El PP vuelve a pedir informes que lleva reclamando desde hace tres años para saber si se está cumpliendo la legalidad urbanística
Lourdes Caselles lamenta la falta de transparencia de Urbanismo desde que lo controla Gema Amor y desde 2011 no se tienen noticias de que se haya incoado algún expediente sancionador
La portavoz adjunta del Grupo Municipal del Partido Popular, Lourdes Caselles, ha dirigido esta mañana un escrito al alcalde, Agustín Navarro, lamentando una vez más la falta de transparencia con la que el edil del CDL, Vicente Juan Ivorra, está gestionando la Concejalía de Urbanismo, al no haber contestado todavía a ninguno de los tres escritos que se le han dirigido desde 2011, para saber el grado de cumplimiento de la disciplina urbanística.
Caselles subraya que en los últimos tres años, no se tiene conocimiento de que se haya incoado y resuelto ni un solo expediente relacionado con la restauración de la disciplina urbanística. La edil declaró que “Gema Amor es la verdadera concejal de Urbanismo en la sombra, y es la auténtica responsable del amiguismo y el clientelismo que ha instaurado en esa Concejalía”. Caselles añadió que el hecho de no abrir expedientes para sancionar y restaurar la legalidad urbanística, además de favorecer a los que intentan burlar esa disciplina, lo que está creando es un agravio comparativo que perjudica a los ciudadanos que si están pidiendo licencia y pagando las correspondiente tasas e impuestos.
La edil reitera en su escrito los mismos informes que el Grupo Municipal del Partido Popular viene solicitando, sin obtener respuesta, desde 2011. Se pide en primer lugar que los técnicos emitan un informe sobre las Paralizaciones y/o suspensiones de obra realizadas durante los años 2011, 2012 y los 9 primeros meses del 2013. También se quiere saber cuántos expedientes de restauración de la legalidad urbanística se incoaron durante los tres últimos años y cuántos se han resuelto mediante acuerdo de demolición de las obras ejecutadas, al ser éstas contrarias a la Normativa y/o Ordenanzas Municipales. En este sentido se solicita un informe de cuántas de las anteriores demoliciones se han efectuado (incluyendo también las que se han efectuado por ejecución subsidiaria) y cuántos expedientes sancionadores se incoaron y finalizaron con la imposición de sanciones urbanísticas durante los años 2011, 2012 y 2013.
A cuánto han ascendido la totalidad de sanciones impuestas en el año 2011, 2012 y 2013, es otra de las preguntas que se hacen desde el Grupo Municipal del Partido Popular, así como cuántas de ellas han derivado en recursos contenciosos-administrativos. Caselles pregunta por último, cuántos expedientes de restauración de la legalidad urbanística o sancionadores han caducado, y en cuántos ha prescrito la facultad de restauración y/o sancionadora del Ayuntamiento.
