El TSJCV anula el expediente que generó la investigación penal a Terra Mítica
En concreto, el fallo estima el recurso de Matilde Ripoll y los hermanos Luis Alberto y Vicente Conesa Ripoll contra la resolución de la Agencia Tributaria de Valencia del 30 de mayo de 2006, que denegaba a los actores la audiencia solicitada en el "expediente de inspección seguido contra distintas sociedades" por el Impuesto de Sociedades, "al negarles la condición de interesados".
La decisión no fue recurrida dentro del plazo establecido e impide que la investigación prosiga, dado que los delitos que encierra habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años desde que se cometieron.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, hecha pública hoy, anula las diligencias efectuadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia practicadas desde 2006, cuando comenzó una investigación por un presunto fraude fiscal.
La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005 cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.
Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm.
Tras la denuncia de la Fiscalía, admitida a trámite y que recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, el subinspector que detectó el supuesto fraude aseguró ante el juez que hubo sobrecostes en la construcción del parque, y que algunas de las empresas que participaron en la misma no tenían empleados suficientes para acometer los trabajos.
El juez impuso un total de 6.144.269 euros de fianza a nueve de los imputados por esta causa "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias", y ordenó que, en caso de no se hicieran efectivas, se embargaran "los bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades".
De este modo, fijó una fianza aproximada de 4,1 millones de euros para el empresario Vicente Conesa, su esposa y sus hijos, que figuran como responsables de las mercantiles "Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento" y "C3 Ingeniería de la Construcción".
Para Antonio Vicente Moreno Carpio, de "Altos del Carrichal", la fianza fijada fue de 191.872 euros; la mercantil "Gribal", de la que son responsables José Antonio Llopis, José Luis Rubio y Felipe Moreno Carpio, 593.611 euros, y Francisco Escoto, de "Excavaciones Escoto", 1.215.565 euros de fianza.
