El Partido Popular exige responsabilidades políticas al gobierno de Navarro y Amor por los procedimientos de contratación del Plan E-II
El edil González de Zárate recuerda que la Ley Presupuestaria prohíbe hacer pagos indebidos como se hizo en relación con el proyecto de mejora del centro social José Llorca Linares
El Grupo Municipal del Partido Popular ha exigido esta mañana “que el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro y su gobierno actual dirigido por Gema Amor, depuren responsabilidades políticas de forma inmediata, e instruyan todos los procedimientos necesarios para arrojar toda la luz y transparencia posible, respecto de todos los procedimientos de contratación realizados a favor de técnicos del ámbito privado para la redacción y dirección de obra de todas las obras del denominado Plan E-II”. Así lo ha hecho saber esta mañana el concejal del Grupo Municipal del PP, José Ramón González de Zárate, en el curso de una rueda de prensa en la que ha vuelto a exigir transparencia y a recordar que “la espoleta que ha hecho saltar esta situación,-dijo-, ha sido una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desestimando el libramiento de la segunda remesa de los Fondos del Plan E-II (6.000 euros) y la devolución de los 34.000 euros, más intereses de demora, entregados para el centro social José Llorca Linares de Benidorm”.
El edil subrayó la idea que ya ha calado entre los ciudadanos, y es la de que “al final, la fiesta de Navarro la pagamos todos, y en lo que respecta al proyecto del centro social Llorca Linares, unas obras nunca realizadas, le costarán a los vecinos de Benidorm más de 83.000 euros como mínimo”.
González de Zárate recordó que “en el desarrollo y ejecución de las obras con cargo al denominado Plan E 2, Agustín Navarro y sus tres gobiernos en tres años, el que conformó con José Bañuls desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2011, el que ha presidido desde esa fecha hasta el pasado 1 de agosto, con 11 concejales socialistas, y el que lidera ahora con la suma de la señora Amor, el señor Iborra y el señor Llorca, tienen un problema que afecta a este Ayuntamiento y a todo Benidorm y tienen una obligación: dar la cara y dar soluciones. Y una de esas soluciones pasa por depurar responsabilidades”.
Aunque el Grupo Municipal del PP ya pidió el pasado martes “transparencia y responsabilidades, hoy creemos,-dijo-, que la posible gravedad de los hechos, exige absoluta contundencia e inmediatez”.
La exigencia de responsabilidades a los políticos por sus acciones u omisiones no es nueva. El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en su título VII de las Responsabilidades, en su artículo 140 se establece que “las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder. Su Artículo 141 dice que constituyen infracciones, según determina el artículo inmediato anterior: dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en virtud de funciones encomendadas. “Y aquí hay una evidencia,-recalcó González de Zárate-, porque el gobierno de Navarro pagó 40.000 € por unas obras que no se han realizado”.
