Navarro sometió a votación la propuesta de Bañuls para resolver el contrato de la Zona Azul, ocultando las advertencias de ilegalidad que le hicieron los técnicos

Los trece miembros del gobierno tránsfuga de Benidorm aprobaron resolver el contrato del servicio de la Zona Azul y de la retirada de vehículos, a pesar de las advertencias sobre la ilegalidad en la que se iba a incurrir, y que fueron realizadas verbalmente en el pleno a Agustín Navarro por parte del Interventor Municipal. El acuerdo se adoptó por la vía de urgencia a propuesta del concejal tránsfuga José Bañuls. Tanto el secretario en funciones como el interventor municipal han dejado constancia de que hicieron esas advertencias en el Pleno Ordinario celebrado el pasado 31 de mayo, en sendos informes emitidos el 14 y el 15 de junio, en respuesta a una solicitud del Grupo Municipal del Partido Popular, y que, a día de hoy, Agustín Navarro sigue ocultando y sin remitir al Grupo Municipal de Partido Popular.

El portavoz municipal del PP, Antonio Pérez, ha declarado esta mañana que “los hechos son de tal gravedad que Agustín Navarro debería presentar de forma inmediata su dimisión por que estamos hablando de la vulneración de los derechos básicos a la información de los miembros de la Corporación, a los que obligo a votar pese a las advertencias de los técnicos, ocultando esas advertencias y actuando a sabiendas de que se infringía la Ley, y eso,-añadió-, se llama prevaricación”.

El edil subrayó que la contundencia de los informes, que Bañuls calificó el pasado viernes como papelitos, “marcan muy claro el camino a seguir por el Partido Popular, que no es otro que el de la vía Penal, independientemente de que Navarro dimita, lo que sería el mínimo exigible a un cargo publico ante un hecho de esta magnitud”.

El contenido de los informes es demoledor. El del Secretario en funciones reconoce por un lado que la propuesta de resolución del contrato, se ha realizado al margen del departamento de Contratación y que desconoce el expediente de resolución y que se ha tramitado sin los informes previos de la Secretaría y de Intervención tal y como marca el artículo 114-3 del Texto Refundido de Régimen Local. El secretario en funciones concluye que la omisión de dichos informes “puede conllevar vicios de invalidez” y reconoce asimismo que el alcalde se negó a que tanto el Secretario como el Interventor, informaran, tal como pidió en el pleno el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre la legalidad de la moción presentada. El secretario subraya finalmente que “los vicios de los que pueda adolecer la tramitación de un expediente, pueden provocar la nulidad o anulabilidad del mismo”.

El dictamen del Interventor Municipal no sólo se limita a corroborar “totalmente lo informado por el Secretario en funciones” sino que además, deja constancia que en el mismo Pleno “alertó a la Alcaldía de que el ROF exigía que advirtiera a la Corporación, y el alcalde le indicó que entendía que era mejor que no interviniera y que le salvaba la responsabilidad en tal sentido”.

Antonio Pérez recordó que la resolución del contrato del servicio de Zona Azul y de retirada de vehículos a la actual adjudicataria “fue un empeño personal de Bañuls para elevarlo de forma urgente a una sesión plenaria, sobrepasando las 12 de la noche del día 31 de mayo y sobre el que el Grupo Municipal del Partido Popular advirtió de la necesidad, preceptiva y obligatoria por Ley, de que existieran informes tanto del Secretario como del Interventor, aunque Navarro contestara días después de que esos informes no era obligatorios. Hace pocos días,-continuó-, Bañuls los calificó de papelitos, cuando en realidad se trata de dos informes demoledores que cuestionan el procedimiento seguido”.

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular subrayó al respecto que “Navarro fue capaz, en primer lugar, de recoger las advertencias de ilegalidad y de que se estaba actuando contrario a la Ley sometiendo a votación esto, y luego de denegar la autorización para que los técnicos informasen verbalmente a toda la Corporación, como establece la Ley, y además les liberó de esa responsabilidad asumiéndola toda él. Navarro.-dijo-, cercenó y vulneró la Ley sometiendo la moción a votación, tal y como finalmente se produjo con el resultado ya conocido de los 13 votos a favor de los concejales tránsfugas y los votos en contra de los miembros del Partido Popular”.

Destacó también que dichos informes todavía no han sido remitidos por parte de Navarro al Grupo Municipal del Partido Popular y recordó que el día del Pleno “evitó con su desautorización expresa, que los funcionarios municipales pudieran informar verbalmente a los miembros de la Corporación. Sabemos que Navarro fue advertido de la ilegalidad en la que iba a incurrir y pese a ello siguió adelante con la votación”, concluyó Antonio Pérez.