El PSPV pide una auditoría de la gestión económica del Ayuntamiento
Los concejales del PSPV-PSOE Agustín Navarro y Natalia Guijarro han enumerado algunos casos que, a su juicio, revelan "la mala gestión económica del equipo de gobierno" popular, lo que ha provocado que "el Ayuntamiento benidormí lleve años en crisis".
"El despilfarro nos ha llevado al filo del endeudamiento municipal", según Navarro, quien ha asegurado que si el equipo de gobierno desestima la moción, se solicitará la celebración de un pleno extraordinario" mediante la firma de ocho concejales del grupo socialista.
También se ha referido "al tirón de orejas" del Defensor del Pueblo respecto a los continuos modificados de obra aprobados por el Ayuntamiento.
Navarro ha señalado que no sabe si el departamento municipal de Urbanismo "pasaría la prueba del algodón" y ha mencionado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga al consistorio a pagar dos millones de euros por las expropiaciones de la Vía Parque.
Igualmente, ha recordado que existe otra resolución del TSJCV que "anula la compensación económica" que iba a percibir la corporación municipal por el plan parcial El Murtal.
A su vez, Guijarro ha citado un auto emitido recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, que decreta la suspensión cautelar del proyecto de urbanización de la Subzona C, en el Rincón de Loix, y del cobro de las contribuciones especiales derivadas de su ejecución.
Según la edil socialista, el Ayuntamiento asumió el coste de las obras, ya finalizadas, para lo cual requirió préstamos a dos bancos por valor de 1,8 millones de euros.
Guijarro ha considerado que ese auto supone para el consistorio dejar de ingresar las contribuciones especiales -han sido recurridas en los tribunales por algunos de los afectados-, por lo que, de momento, los bancos no podrán cobrar.
La concejala ha expuesto que en el capítulo de ingresos de las cuentas municipales para 2009 figura la previsión de ingresar 1,8 millones de euros por ese concepto, por lo que la paralización del cobro de las contribuciones implicará no poder cumplir el presupuesto.
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Antonio Pérez, ha explicado que la moción socialista se ha pasado al Área Económica del Ayuntamiento para que los técnicos valoren si es necesaria la auditoría y si no hay reparo en que se haga.
En cualquier caso, Pérez ha matizado que el Ayuntamiento de Benidorm está permanentemente auditado por los técnicos municipales.
Según el portavoz del gobierno popular, una auditoría externa podría implicar la paralización de la labor de esos técnicos.
Pérez ha asegurado que el auto del juez sobre las contribuciones especiales de la Subzona C atiende a una petición formulada por los vecinos.
Ha especificado que será el juez quien dirimirá si finalmente el Ayuntamiento cobrará o no esas contribuciones en el proceso contencioso-administrativo abierto.
De todas maneras, Pérez ha precisado que la cantidad que resta por cobrar no suma 1,8 millones de euros, como sostiene el PSPV-PSOWE, pues "hay muchos vecinos que ya han pagado", y ha incidido en que el citado auto dicta una medida cautelar y no una sentencia.
