PP: “El informe de la Sindicatura refleja alguno de los delitos que el Fiscal Anticorrupción ha visto en la gestión de Navarro”

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Antonio Pérez, ha calificado de “deleznable y miserable” el hecho de que Agustín Navarro haya reconocido que está cobrando de más y haya echado la culpa a los técnicos del área de Recursos Humanos y de Secretaria General “por la disparidad de criterios que tenían a la hora de aplicar el acuerdo plenario que bajó el sueldo de los miembros de la corporación un 15 por ciento”. Pérez subrayó que esos mismos técnicos municipales, según la versión de Agustín Navarro, sí fueron capaces de bajar los sueldos a los 24 concejales de la Corporación pero no al alcalde. Las retribuciones irregulares de Agustín Navarro han sido descubiertas por la Sindicatura de Cuentas cuyos dos informes, declaró Antonio Pérez, “no sólo constituyen una foto fija de la nefasta gestión del gobierno de Navarro, sino que refleja algunos de los delitos que el Fiscal Anticorrupción ha visto en su gestión, y que es por lo que ha procedido a denunciarlo ante el juez”.

Para el portavoz municipal del Partido Popular “Agustín Navarro no puede seguir mancillando la imagen de la Alcaldía de Benidorm y de su Ayuntamiento ni un minuto más, y sus excusas de por qué lleva cobrando 19 meses un sueldo que no le corresponde, son las del mal pagador”. Pérez recalcó que “hoy toca decirle de nuevo a Agustín Navarro, que devuelva el dinero que ha cobrado de más, y que se marche a su casa. Primero,-añadió-, porque hasta él mismo reconoce, y supongo que alguien actuará aquí, que ha venido cobrando más dinero del que le correspondía, desde el 1 de mayo de 2012, fecha en que el pleno aprobó la reducción de sueldos y se supone que el alcalde es el primer que debe cumplir y hacer cumplir los acuerdos plenarios. Es deleznable y miserable que Agustín Navarro intente ahora desviar la responsabilidad de lo sucedido en dos bloques de funcionarios, los que trabajan en recursos Humanos, señalando especialmente el Jefe de Nóminas, y en la Secretaria General. Y cuando una institución como el Síndic de Comptes, lo ha pillado con el carrito del helado ha tratado de justificarse atribuyendo el asunto a la “disparidad de criterios entre los técnicos” porque “no sabían cómo aplicar el acuerdo” o con ese otro argumento de que “si me hubieran restado las dos bajadas que proponía el PP, cobraría menos que el bedel de la puerta”.

El edil comentó que “más allá del ejemplo empleado, que es a nuestro juicio una vileza que califica a quien lo expone, un insulto a los funcionarios de esta casa, todo el mundo debe saber que un conserje no llega a 1.200 euros, y sería bueno saber que opinan los representantes de los trabajadores al respecto. Es vergonzoso,-agregó-, que acuse a los técnicos, y no nos valen las martingalas que se ha inventado Navarro para explicar también que a lo largo de estos 18 meses, se produjo un cruce de escritos entre él mismo y los técnicos de Recursos Humanos y Secretaría, solicitando que se le rebajara el salario conforme había acordado el pleno. Esto es reírse de todo el mundo”, concluyó.

El portavoz del Partido Popular explicó que lo que viene a decir Agustín Navarro es que “en el departamento de Personal, quienes vienen haciendo la nómina desde hace mas de 25 años, no han sido capaces de deducir que el acuerdo plenario de 27 de abril de 2012, establecía un sueldo bruto al año de Agustín Navarro de 54.896 euros, y esos mismos funcionarios según Navarro no han sido capaces de dividir esa cantidad entre 14 pagas, con lo que queda 3.921 euros brutos al mes. Esos mismos funcionarios tampoco han sido capaces de añadir una reducción del 15 por ciento a ese sueldo, con lo que queda una retribución, desde el 1 de mayo de 2012, de 3.392 euros brutos al mes. Sin embargo si fueron capaces, esos mismos funcionarios, de aplicar a los otros 24 concejales la rebaja del 15 por ciento aprobada en Pleno.

Dos informes demoledores

Los informes donde se destapan los sobresueldos del alcalde de Benidorm están expuestos al público por la Sindicatura de Cuentas en su página web, tal y como mandata la Ley. Antonio Pérez aclaró que el Informe de fiscalización de los gastos de personal del Ayuntamiento de Benidorm durante los ejercicios de 2011 y 2012, “también ponen en solfa la gestión de Gema Amor y todo el curriculum brillante que ella pretende atribuirse, porque desde el 2012, Gema Amor forma parte del gobierno cuya gestión contable ha sido cuestionada ahora por la Sindicatura. Este informe,-dijo-, es un trabajo serio y riguroso que se concreta en dos documentos, ambos demoledores, respecto de lo que ha venido haciendo Agustín Navarro y el PSOE, con el dinero de todos los benidormenses especialmente en esos años para ellos, de fiesta electoral”.

En el aparatado 4 de conclusiones generales y en el artículo 1 de ese informe referido a Revisión Financiera, se establece que “fruto del trabajo realizado, se han puesto de manifiesto hechos y circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación de los estados y documento contables fiscalizados. En el apartado A, las obligaciones reconocidas en 2011 y 2012 no reflejan el gasto de personal efectivamente realizado, ya que se han imputado a esos ejercicios más de 2.143.000 euros de obligaciones pendiente de imputar, existentes a 31 de de diciembre de 2010, y no se ha respetado el carácter limitativo de los créditos establecidos en la formativa presupuestaria ya que los gastos imputados en el capítulo 1, de 2011, han sido superiores al presupuesto aprobado.

“Y el artífice de los hechos, de las causas y de estas consecuencias, no es otro que Agustín Navarro,- argumentó Antonio Pérez-, y esto viene a sintetizar muchas de las advertencias, de los requerimientos y de las denuncias que ha venido haciendo el Partido Popular en estos años, 2010, 2011 y 2012”.

En el apartado 4, punto 2 referido a la “Revisión del cumplimiento de la legalidad” se puede leer que “como resultado del trabajo efectuado (…) se ha puesto de manifiesto que durante los ejercicios 2011 y 2012 no se ha cumplido de forma razonable con la normativa aplicable a la gestión del personal, fundamentalmente debido a que :a) No se han respetado en las incorporaciones de personal funcionario o laboral los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. b) Se ha evitado de forma sistemática e injustificada durante todo el periodo fiscalizado que la Intervención del Ayuntamiento pudiese realizar la preceptiva fiscalización previa de las nóminas mensuales. Nóminas que firma Agustín Navarro y que incluye su propia nómina. c) En determinados casos no se han aplicado debidamente las normas sobre retribuciones del sector público local, dando lugar a pagos indebidos.

El documento añade la siguiente coletilla : “En el apartado 7 del presente Informe se detallan los incumplimientos significativos de la normativa aplicable observados en el curso de la fiscalización. Se han observado varias situaciones (seis en total) cuyas circunstancias concurrentes permiten concluir que reúnen los requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia de responsabilidad contable y en consecuencia se notificarán con esa consideración al Tribunal de Cuentas”.

Como se puede leer en una nota a pié de página del mismo informe, se desarrolla el concepto de Responsabilidad Contable de la siguiente forma: ”de acuerdo con el párrafo 15 de la sección 240 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura: Las Leyes Orgánica y de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas definen el concepto de responsabilidad contable y ha sido progresivamente perfilado con posterioridad por la jurisprudencia, de acuerdo con la cual, para que una conducta pueda originar este tipo de responsabilidad será preciso que se den las siguientes circunstancias: a) Una infracción de la ley, pero se restringe a las infracciones de leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad .b) Daño o menoscabo efectivo de los caudales públicos. d) Las pretensiones de responsabilidad contable se han de desprender de las cuentas que han de rendir las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. e) El perjuicio para el erario público ha de ser consecuencia de una conducta dolosa, culposa o negligente grave”.