El contrato con la adjudicataria de playas no se puede formalizar por la existencia de varios recursos y pese haber pagado ya un aval de 225.00 euros

“¿En qué nuevo berenjenal nos han metido estos liberales, en cuanto hay una concesión millonaria de por medio?”, se ha preguntado esta mañana el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Antonio Pérez, en referencia al atolladero en el que se encuentra la adjudicación de tres de los cuatro servicios públicos de las playas de Benidorm y que afectan a la limpieza, salvamento y socorrismo, y asistencia en playas accesibles. El edil desveló que no se puede formalizar el contrato con la empresa que resultó adjudicataria en virtud de una resolución del edil de Playas, Vicente Juan Ivorra, al haberse presentado varios recursos contra dicha resolución. El contrato no se puede formalizar a pesar de que la adjudicataria ya ha pagado los 225.000 euros que tenía que depositar como aval o garantía definitiva.

Antonio Pérez lamentó que el proceso de adjudicación de los servicios de playas se haya convertido en “una sucesión de chapuzas reiteradas por parte del concejal de Playas, Vicente Juan Ivorra, también concejal de Contratación para este procedimiento, gracias a un decreto exprofeso del alcalde, Agustín Navarro”. Subrayó que hemos asistido “a un rosario de paralizaciones, suspensiones, y ocultación de documentación relevante” y anunció que el Grupo Municipal del Partido Popular había presentado esta mañana un escrito solicitando que en la próxima Comisión Informativa de Régimen Interior, se dé cuenta de la totalidad de los recursos que se hayan planteado ante este Ayuntamiento o contenciosos administrativos que se hayan presentado contra la resolución firmada por Vicente Juan Ivorra, el pasado 27 de septiembre. El escrito plantea exactamente que “en la próxima sesión de la Comisión Informativa de Régimen Interior –a celebrar previsiblemente el próximo lunes, día 21 de octubre-, y en su orden del día, se incorpore un punto de dación de cuenta de cuantos recursos u otros tengan constancia los servicios municipales de este Ayuntamiento con relación a dicho expediente y al momento procedimental en que se encuentra dicha adjudicación por parte de este Ayuntamiento, así como de cuántos informes al respecto se hayan emitido por los servicios técnicos municipales”.

Con su resolución del 27 de septiembre, Vicente Juan Ivorra resolvió en primer lugar la adjudicación a favor de una empresa, descalificando a otra y requiriendo a la mercantil propuesta como adjudicataria, para que abonara la garantía definitiva correspondiente a ese contrato. Esa garantía definitiva venía regulada en el artículo 18 del pliego de condiciones administrativas y económicas, según el cual el adjudicatario debía acreditar en un plazo de 10 días hábiles, que había depositado esa garantía definitiva. La cantidad debía ser del 5% de la cuantía de la adjudicación durante los tres años propuestos, IVA excluido, ascendiendo por tanto a 225.000 euros, de un contrato de 1.501.164 euros.

Antonio Pérez explicó que una vez depositada por parte de la empresa adjudicataria el aval que se le requería, la sorpresa ha surgido al saber que no se puede formalizar el contrato tal y como contempla el pliego de condiciones, al existir varios recursos planteados contra la resolución de Vicente Juan Ivorra. “Parece lógico que la empresa a la que Vicente Juan Ivorra, descalifica,-señaló Antonio Pérez-, esté defendiendo sus intereses, pero no es menos cierto que antes de lesionar los intereses de la finalmente adjudicataria, se debería haber procedido a resolver esos recursos”.

Para el portavoz municipal del Partido Popular, “esto pone en evidencia la manera de actuar de los liberales de Benidorm cuando tocan un tema en el que hay dinero de por medio y una importante adjudicación de por medio”. Destacó también que “a fecha de hoy, tres de los cuatro contratos de las playas de Benidorm, y no estamos hablando de cualquier cosa, ya han caducado y aquí no asume responsabilidades políticas nadie. Estos señores ,-continuó-, han llegado al gobierno para hacer y deshacer a su antojo hasta el 2015 en que los tirarán a la calle, pero mientras tanto se están dañando los intereses del pueblo de Benidorm y, en este caso, también los de una empresa que ha resultado adjudicataria en un concurso, que ya ha depositado un aval y una garantía, y a la que ahora no se le puede formalizar el contrato porque se han hecho mal las cosas y hay varios recursos planteados”.

Según el pliego de condiciones, la nueva adjudicataria ya tendría que estar prestando sus servicios desde el pasado 1 de septiembre de 2013, hace ya 45 días, y por unos servicios que, en el caso de uno de ellos, caducó en febrero de 2012.