El PP pregunta sobre la vigencia de un convenio que permitirá inspeccionar edificios de más 50 años de antigüedad a partir de julio

El Grupo Municipal del Partido Popular ha dado la voz de alerta sobre la inmediata entrada en vigor de la Ley que obligará a inspeccionar los edificios de más de 50 años en municipios de más de 25.000 habitantes. La portavoz adjunta, Lourdes Caselles, ha dirigido una pregunta al alcalde, Agustín Navarro, para saber la vigencia del convenio firmado con el Colegio Territorial de Arquitectos y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, para inspeccionar los edificios que cumplan ese requisito en Benidorm.

Ese convenio lo firmó el gobierno que dirigía Manuel Pérez Fenoll, el 14 de febrero de 2008, adelantándose tres años a la publicación en el BOE de una Ley en julio de 2011, que establecía la obligatoriedad “para los edificios destinados preferentemente a uso residencial, y con una antigüedad superior a 50 años, de realizar una Inspección técnica periódica, que asegure su buen estado y debida conservación”. Dichas inspecciones serán obligatorias en los municipios de más de 25.000 habitantes a partir del 7 de julio de este año, y el objetivo de esos controles, según el Real Decreto-Ley 8/2011, es en primer lugar “evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato”. La otra finalidad de estas inspecciones será “determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto”.

La portavoz adjunta recuerda en su escrito que “con fecha 14 de febrero de 2008 (y anticipándose a la obligación establecida por el citado Real Decreto Ley), se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm, el Colegio Territorial de Arquitectos y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, por el que acometían conjuntamente, rigiéndose por una serie de principios, una serie de actuaciones,  en aras a facilitar en las mejores condiciones de rapidez, economía y profesionalidad el cumplimiento del deber de inspección”.

Además de pedir información sobre la vigencia y aplicación del Convenio en cuestión, Lourdes Caselles solicita informes técnicos y jurídicos “acerca de la redacción de la Ordenanza Municipal que ha de regular la inspección técnica de edificios, dado que debe entrar en vigor dentro de menos de un mes y la misma no se ha sometido a información pública”.