El PP insta al gobierno de Navarro y Amor a licitar de nuevo la Estación de Autobuses y a cobrar el canon de la explotación a la Unión Temporal de Empresa
Lourdes Caselles y González de Zárate remiten un escrito al alcalde lamentando “la dejadez y los pactos secretos” con la mercantil
El Grupo Municipal del Partido Popular ha exigido hoy al gobierno de Navarro y Amor que comience a girar de inmediato a la Unión Temporal de Empresa (UTE) de Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, las liquidaciones correspondientes al canon de explotación de la Estación de Autobuses y que emita un informe sobre la situación en la que se encuentra la nueva licitación de la concesión tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anulaba parte de la concesión adjudicada a dicha UTE. Ambas peticiones figuran en el escrito que esta mañana han dirigido al alcalde la portavoz adjunta, Lourdes Caselles, y el concejal de Partido Popular, José Ramón González de Zárate, y en él también se insta al gobierno local, a sacar a licitación de nuevo la explotación de dichas instalaciones.
Caselles subrayó ante los medios informativos que “el gobierno de Navarro y Amor ya no puede dilatar por más tiempo la obligación de exigir a la concesionaria que pague lo que le debe a Benidorm”. Como se recordará, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2007 donde se anulaba parte de la concesión de la Estación de Autobuses de la zona comercial y del hotel. El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido en reiteradas ocasiones y sin obtener respuesta, copia de las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ de la Comunidad Valenciana, y que se licite de nuevo la Estación de Autobuses al existir una sentencia que anulaba la anterior y requería al Ayuntamiento a volver a licitar.
“No se ha hecho nada sobre la nueva licitación ,-destacó Lourdes Caselles-, y además, desde 2009 que se abrió al público la zona comercial y la zona hotelera, no se ha liquidado el canon que le correspondería al Ayuntamiento por dicha concesión”.
En el nuevo escrito que se ha registrado hoy, el Grupo Municipal del Partido Popular reitera que el gobierno municipal le exija a la Unión Temporal de Empresa (UTE) de Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, un informe sobre el volumen de negocio existente en la Estación, para que desde el departamento de Contratación y de Intervención puedan liquidar el canon. Unos datos que deberían corresponder de los meses en que estuvo abierto en 2009, 2010, 2011, 2012, y de los 3 meses y medio de 2013.
“El Ayuntamiento de Benidorm no se puede permitir el lujo de perdonar ese canon,-declaró Caselles-, y llevan 4 años sin exigir y sin liquidar ese pago por una dejadez inaceptable del gobierno de Agustín Navarro y de Gema Amor, o porque tienen un pacto secreto para no hacerlo. Si no es así, no hay razón alguna para que no se giren ya esos recibos y que las arcas municipales reciban esos ingresos”. La edil alertó que en el Presupuesto de 2013 no hay partida presupuestaria alguna que hable de la liquidación del canon de la estación de autobuses. Y es así desde 2009 hasta 2013, que siguen sin estar previstos los ingresos de dicha concesión administrativa.
José Ramón González de Zárate explicó que conociendo las licencias de apertura concedidas por el Ayuntamiento en la Estación de Autobuses, “lo que hay que pedirle a la empresa es que diga cuánto cobra por los alquileres de esos locales y con el cruce de esos datos, los servicios municipales pueden determinar cuanto tienen que pagar al Ayuntamiento”.
En el tema de la concesión, el actual edil de Urbanismo, Vicente Juan, anunció el pasado mes de diciembre que se iba a proceder a una nueva licitación de la estación, y que iba a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, sin que hasta ahora se haya hecho nada al respecto. De Zárate recordó también que el propio Ivorra responsabilizó al gobierno que presidía Manuel Pérez Fenoll de haber interpuesto en 2007 un recurso de casación a raíz del dictamen del TSJCV, “cuando aquí el problema de ese expediente no fue ese recurso, si no la modificación que se hizo en 2003 y que está hecha por el concejal de Hacienda y Contratación de entonces, que no fue otro que Miguel Llorca, su hoy compañero de bancada en el gobierno socialista y liberal”.
