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El PP pide a Navarro que desvele la deuda contraída con otras administraciones y sociedades públicas cifrada en más de 10 millones de euros

  • Antonio Pérez lamenta que haya ocultado un nuevo decreto del presidente Rajoy que permitirá enjugar la deuda con otras entidades

El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido al gobierno de Agustín Navarro y Gema Amor que deje de ocultar la situación real económica y financiera del Ayuntamiento de Benidorm y ha lamentado que haya ocultado la existencia de un nuevo decreto del Gobierno del presidente Mariano Rajoy, Real Decreto-ley, 4/2013, de 22 de febrero, a favor de los ayuntamientos y del control, fiscalización y mejor control de la gestión económica, según ha declarado esta mañana el portavoz municipal del Partido Popular, Antonio Pérez. Ese nuevo decreto, explicó, va a permitir que los ayuntamientos entren en un plan para que las entidades públicas o las sociedades públicas que tengan facturas pendientes de pago, se beneficien del cobro y por lo tanto los ayuntamientos puedan enjugar y depurar aún más su deuda.

Según las estimaciones del Grupo Municipal del Partido Popular, la deuda que el gobierno de Navarro se ha empeñado en ocultar desde marzo de 2012, y que tiene contraída con otras entidades de la administración, empresas mixtas o sociedades públicas, asciende hoy a más de 10 millones de euros en su conjunto. Antonio Pérez explicó que esos 10 millones de euros “no van a ser los que afloren a raíz del cumplimiento de este nuevo Real Decreto, “por que aquí solo aparecerán aquellas deudas contraídas antes del 31 de diciembre de 2011 ,-dijo-, y porque Agustín Navarro seguirá empeñado en ocultar la situación real económica y financiera de este Ayuntamiento”.

Antonio Pérez explicó que hace poco más de un año, después del famoso decreto del presidente Mariano Rajoy para que los ayuntamientos deudores pudieran pagar a sus proveedores, el Grupo Municipal del Partido Popular remitió un escrito a Agustín Navarro para que “dado que había una parte importante de la deuda municipal, aquella que estaba contraída con otras instancias de la administración o sociedades públicas, estaban excluidas, desde el Partido Popular pensábamos que era bueno no circunscribir solo el debate a la deuda que teníamos con proveedores que sí entraban en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, sino conocer también la deuda contraída con ese otro tipo de entidades pertenecientes a la administración. Ese escrito ,-aclaró-, no obtuvo la menor respuesta”.

Recordó asimismo otra rueda de prensa animando a Agustín Navarro ha hacer un balance “una vez conocido lo que él dice que nos deben, para que el pueblo de Benidorm supiera también lo que el Ayuntamiento debe a otras administraciones. Y aunque se empeñen en no contestarnos,-añadió-, Benidorm va a conocer por pleno lo que hasta ahora ha tratado de ocultar, en cuanto a la cantidad que adeudamos a otras entidades y en cuanto a la existencia de un nuevo decreto del mismo Gobierno de Mariano Rajoy”. Dicho decreto en favor de los ayuntamientos y del control, fiscalización y mejor control de la gestión económica, el Real Decreto-ley, 4/2013, de 22 de febrero, sí admite que los ayuntamientos entren dentro de un plan para que las entidades acreedoras se beneficien del cobro y por lo tanto el Ayuntamiento pueda depurar más deuda. El artículo 23.1 de ese decreto dice que el 22 de marzo pasado, finalizaba el plazo para que las entidades solicitaran al Ayuntamiento la inclusión en la relación certificada y las facturas emitidas. Antonio Pérez precisó que “desde el 22 de marzo hasta ahora, no hemos sabido nada, ni nosotros ni nadie, y hemos celebrado un pleno sin que apareciera en el orden del día y el gobierno podría haber dado cuenta de esta nueva situación”.

En otro artículo de ese mismo Decreto, el 23.2, se señala que en el plazo de cinco días naturales desde la presentación de la solicitud, es decir el día 28 marzo, el día que tuvo lugar el Pleno, “por el interventor, u órgano de control interno, se expedirá certificado individual en los términos y con el contenido previsto en dicho Real Decreto Ley y con mención expresa a que se trata de una obligación ya aplicada a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada”.

Esta misma mañana, el Grupo Municipal del Partido Popular ha remitido otro escrito al alcalde solicitando, primero “que a la mayor brevedad posible se remita a este Grupo Municipal del Partido Popular, copia de la totalidad de los certificados individuales de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de este Ayuntamiento emitidos, previa solicitud de los contratistas, por la intervención municipal al amparo de lo dispuesto en el art. 23.1 del Real Decreto-Ley 4/2013”. En segundo lugar, se pide copia de la relación certificada de las solicitudes de certificados individuales admitidas y remitida por el interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática, según establece el art. 23.3 del Real Decreto-Ley 4/2013”. En último lugar, se solicita que “por la Intervención municipal se emita una relación comprensiva de la totalidad de organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado, entidades locales u otros, con los/las que este Ayuntamiento mantiene o ha mantenido una relación derivada de la cual se encuentren contraídas obligaciones de pago no satisfechas a día de hoy, con señalamiento de la cuantía debida a cada una de ellas”.

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