El gobierno de Navarro tolera que el servicio de atención temprana a menores se haya privatizado y se esté prestando sin contrato alguno
El portavoz municipal del PP, Antonio Pérez, alerta que la irregularidad puede acarrear “graves responsabilidades municipales” y desvela que la edil de Contratación anuló la licitación que puso en marcha Bañuls
El edil recalcó que los hechos son de “una extrema gravedad” y alertó de que podían tener enormes repercusiones si por desgracia y accidentalmente, ocurriera algún incidente que nadie desea. “Esto,-dijo-, es una aberración y demuestra la falta de sentido común que hay en el gobierno que preside Navarro. Estamos hablando de una empresa privada y de unos trabajadores que están presentando un servicio en unas instalaciones municipales sin que exista ninguna relación contractual de por medio. Son unos hechos gravísimos y me gustaría saber que tipo de explicación van a dar al hecho de tener unos empleados que están trabajando sin red con niños de cero a seis años”.
Los antecedentes de esta irregularidad también son motivo de escándalo y demuestran la improvisación y el desconcierto en el que se encuentra el gobierno de Navarro. Antonio Pérez recordó que Manuel Pérez Fenoll ya formuló una pregunta en una sesión plenaria en la que solicitó Navarro si tenía pensado él y su gobierno, privatizar el Servicio del Centro de Estimulación Temprana, a lo que Navarro respondió en sentido negativo. “Navarro mintió una vez más al pueblo de Benidorm ,-declaró Antonio Pérez-, y el Centro de Estimulación Temprana se ha venido prestando desde entonces por una empresa privada tras formalizarse un contrato menor suscrito desde el 1 de enero hasta el 12 de febrero de este año”.
Explicó también que “mientras transcurría dicho contrato, concretamente el día 19 de enero de 2011, el señor Bañuls Pérez, ese día alcalde en funciones, firmó una resolución por la que se abría procedimiento para la adjudicación a empresa privada de este importante servicio público, como consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 19 de 28 de enero, estableciéndose 15 naturales desde el día siguiente a la publicación de dicho anuncio como límite para la presentación de ofertas, plazo que finalizaba precisamente el día de finalización del contrato menor, es decir, el 12 de febrero”.
Los sorprendente, es que este procedimiento abierto por Bañuls fue anulado después por la concejala de Contratación Mariola Fluviá. El día 16 de febrero de 2011, se publica en el BOP número 32, anuncio de anulación de publicación de dicha licitación, esta vez según resolución de la Concejala de Contratación, pero de fecha 9 de febrero.
“Por lo tanto,-dijo-, ya cabe una pregunta muy sencilla que también tiene una sencilla respuesta y que esperamos sea inmediata por parte de los protagonistas de este inaudito episodio ¿por qué anuló Mariola Fluviá el procedimiento impulsado por Bañuls? Y si como dice el anuncio, dicha anulación se debe a una modificación parcial de las bases ¿a qué modificación parcial se refieren? ¿Quién y en que fecha advirtió de la necesidad de modificar las bases y porqué motivos?”
El portavoz municipal del PP reclamó “luz y taquígrafos” y aseguró que estamos ante “un nuevo ejemplo de clara descoordinación, con órdenes contrarias por parte de dos tenientes de alcalde del equipo de Agustín Navarro o estamos,-se preguntó-, ante una clara desautorización de un teniente de alcalde, la señora. Fluviá, sobre otro, el señor Bañuls”.
Antonio Pérez destacó que pese a todas esas irregularidades lo que hay que saber es “por qué, si el contrato menor firmado con una empresa para prestar estos servicios finalizó el 12 de febrero, y el servicio no se ha dejado de prestar en estos 16 días ¿Quién ha estado atendiendo a estos menores? ¿Por cuenta de quien? ¿de una empresa? ¿de que empresa? ¿quién escogió sin procedimiento alguno la empresa? ¿cómo vamos a pagar a una empresa por unos servicios que ha prestado sin que conste contrato?”.
El portavoz municipal del PP se preguntó también “¿quién es el responsable municipal de cuantas circunstancias negativas pudieran ocurrir, Dios no lo quiera, en la prestación de unos servicios públicos que se están prestando sin contrato y fuera de toda legalidad por parte de una empresa privada, en unas instalaciones municipales cuyas personas beneficiarias son niñas y niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla?”.
