PP: "Navarro endosó el sobrecoste del puente que encargó Bañuls a la concesionaria del mobiliario urbano"

El gobierno de Agustín Navarro podría haber incurrido en una presunta malversación de fondos públicos al haber derivado al canon de Impursa, la empresa concesionaria del mobiliario urbano, el sobrecoste del puente de la Vía Emilio Ortuño, remodelado con fondos del Plan E-II por orden de José Bañuls, anterior miembro del ejecutivo municipal y actual cargo de confianza del alcalde. Los concejales del Partido Popular, Antonio Pérez y José Ramón González de Zárate, han desvelado esta mañana que la concesionaria del mobiliario urbano presentó tres facturas al Ayuntamiento entre mayo y julio de este año, por valor de 154.181 euros, por diferentes trabajos realizados en las obras del puente relacionados con la instalación de la barandilla y la medición definitiva del puente. El gobierno de Navarro habría desviado al canon que el Ayuntamiento debe percibir de la concesionaria cada año, ya sea en efectivo o en obras, el sobrecoste del puente, y ello a pesar de que la Ley lo prohíbe expresamente al haberse financiado su ejecución con cargo a los fondos del Plan E-II.

Antonio Pérez y González de Zárate responsabilizaron directamente de esta presunta malversación de fondos tanto al alcalde Agustín Navarro, como a los ediles de Contratación y Escena Urbana, José Marcet y Conrado Hernández. Tras subrayar que la Ley prohibía expresamente los sobrecostes y los modificados en las obras financiadas con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que puso en marcha el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, el llamado Plan E-II, los dos ediles del PP instaron al gobierno de Navarro a que explicaran de inmediato, si existían o no las tres facturas que demuestran dicho sobrecoste y que ascienden respectivamente a 22.656 euros la primera, 82.836 la segunda y 48.689 la tercera, fechada el 29 de julio.

“Marcet y Conrado,-dijo Antonio Pérez-, deben salir a decir si esas facturas son verdaderas o falsas, y qué responsabilidades políticas piensan asumir. Y deben explicar también por qué han camuflado ese sobrecoste con las aportaciones de una concesionaria y que digan si es con cargo al canon económico o en especias que la empresa debe aportar al Ayuntamiento. Esta es, -concluyó-, la gran gestión de Navarro y Bañuls, encargar trabajos sin tener presupuesto para ello y ocultar un sobrecoste a pesar de estar prohibido y que, en este caso, supera ampliamente los 150.000 euros”. Para el portavoz municipal del PP, el puente de la Via Emilio Ortuño acabará costando más un millón y medio de euros, cuando en realidad se licitó por unos 750.000 euros.

El concejal González de Zárate, desmintió a su vez los datos que el pasado miércoles ofrecieron los ediles José Marcet y Conrado Hernández, en el sentido de que más de la mitad del canon económico que el Ayuntamiento tenía que haber ingresado entre 2008 y 2011, lo había consumido el anterior gobierno del PP. De Zárate desmontó esta acusación aclarando que según el pliego de condiciones dichas aportaciones se hacen al final de cada ejercicio anual desde la firma del contrato, en este caso de octubre a octubre, y recordó que Navarro viene gobernando desde septiembre de 2009. También aportó documentación de todas y cada una de las obras realizadas con las aportaciones de Impursa, “cosa que no han hecho ni Conrado ni Marcet, porque todavía no han explicado en que se han gastado 1.554.234 euros, el valor de los cánones económicos y en especies, que la empresa ha aportado al municipio en los últimos tres años. “No sabemos en qué se han gastado esas aportaciones,-precisó González de Zárate-, y han hecho añicos el pliego de condiciones porque han encargado a otras empresas la instalación de bancos, vallas y columpios agravando aun más la deuda municipal”.

En este sentido, recordó que aún siguen a la espera de que el ejecutivo responda al escrito que el Grupo Municipal del Partido Popular presentó esta misma semana solicitando los planes de negocio de la empresa Impursa de los años 2009 a 2012, los informes técnicos avalando dichos planes, el visto bueno del concejal, así como las facturas y la relación de partes de trabajo realizados por la empresa entre 2009 y 2011. De lo que se trata es de averiguar qué mejoras se ha hecho con ese millón y medio de euros y con los más de 700.000 euros que el Ayuntamiento debería haber ingresado en sus arcas.