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El Juzgado da un plazo de 20 días al Ayuntamiento para contestar al recurso contra las mejoras económicas y políticas de los no adscritos

    El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Alicante ha remitido una diligencia al Ayuntamiento de Benidorm para que en un plazo de veinte días conteste al recurso presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular en contra de los acuerdos del pleno en los que, entre otras cosas, fueron aprobadas las mejoras económicas y políticas del concejal tránsfuga, José Bañuls, y de los otros doce concejales no adscritos.

    La diligencia fue emitida en el día de ayer, 25 de mayo, y forma parte del procedimiento procesal del recurso Contencioso Administrativo presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular de Benidorm y que la portavoz de los no adscritos, Natalia Guijarro, anunció el pasado 19 de mayo que había sido archivado en los tribunales por no haber sido formalizada dentro de plazo. El concejal del Grupo Municipal del PP, Francisco Saval, se encargó ese mismo día de desmentir las falsedades vertidas por Natalia Guijarro. El recurso se formalizó dentro de plazo y la prueba más evidente de que el procedimiento sigue su curso, es la diligencia instruida ayer por el Juzgado para que el Ayuntamiento de Benidorm, como administración demandada, conteste el recurso.

    El Grupo Municipal del Partido Popular presentó en enero un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Alicante contra los acuerdos del Pleno Extraordinario en el que fueron desestimados, entre otras propuestas del PP, que todos los concejales del PSOE y José Bañuls, fuesen declarados por imperativo legal concejales No Adscritos, tal y como está establecido cuando se abandona la formación política con la cual se concurrió a las elecciones.

    El concejal del PP, Francisco Saval, ha expresado esta mañana su pleno convencimiento en que “la Ley acabará imponiéndose” y lamentó que al final sea la institución del Ayuntamiento la que tenga sufrir las consecuencias “de que la persona que ahora ocupa la Alcaldía,-dijo en referencia a Agustín Navarro-, no tenga ningún rubor en reconocer que no se asesoró legalmente cuando designó las tenencias de alcaldía y las concejalías, mejorando así las condiciones y las retribuciones económicas de los ediles que abandonaron su formación política para presentar la moción de censura. Cada día está más cerca el día en que tendrá que hablar los tribunales,-concluyó-, y van a decir si lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Benidorm está dentro de la Ley o no”.

    Paralelamente a este recurso presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular, la Generalitat Valenciana tiene presentada otra demanda en los tribunales de lo contencioso administrativo, en el que también se va a personar el Grupo Municipal del Partido Popular, y que va en contra de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en Pleno los días 2 y 26 de octubre de 2009. Ambos persiguen restituir la legalidad en el Ayuntamiento de Benidorm tras la moción de censura del 22 de septiembre.

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