El Juzgado abre diligencias previas al observar indicios de delito en la adquisición de 200 bancos sin contrato por parte del gobierno de Navarro
El Ministerio Fiscal remitió los hechos al Juzgado tras detectar también un presunto fraude en el procedimiento de contratación pública
El pasado 25 de febrero de este año, el Juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto abriendo diligencias previas con el numero 555/2011 en el que se determina que los hechos referidos pueden ser constitutivos de delito según el artículo 436 del Código Penal, el cual establece que se puede incurrir en penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
El gobierno de Agustín Navarro instaló 200 bancos sin ningún procedimiento de contratación o suministro de por medio, dentro de un plan que denominó “Mil bancos” por un precio de 50.000 euros más 8.000 de IVA. Los bancos comenzaron a instalarse el 16 de marzo de 2010 a pesar de que el Ayuntamiento no tenía abierto ningún expediente de contratación ni de compra para el suministro de este mobiliario urbano, y los hechos fueron denunciados ante los medios informativos por el ex concejal de Hacienda y Contratación, Francisco Saval, a raíz de lo cual, el gobierno de Navarro intentó revestir de legalidad dicha compra iniciando un proceso de contratación, adjudicándoselo a la misma empresa que ya había prestado el servicio, pero a un precio inferior al estipulado al principio y quedando fijado en 44.080, IVA incluido. Esa cantidad fue abonada el 17 de diciembre de 2010.
El edil del Grupo Municipal del Partido Popular ha declarado que “estamos ante una nueva y grave irregularidad del gobierno de Navarro” y recordó que tanto Navarro como su portavoz, Natalia Guijarro, o el edil de Escena Urbana, Conrado Hernández, afirmaron en reiteradas ocasiones que sí existía contrato para la adquisición de esos bancos cuando no era así. “El PP,-dijo-, ya advirtió que las cosas se habían hecho mal, que Navarro no practica la transparencia de la que habla tanto y ahora vemos ha habido una finalidad defraudatoria en la adjudicación de ese mobiliario urbano”.
Francisco Saval explicó que “aquí lo que se ha producido es un encargo entre una empresa y el gobierno de Navarro por una cantidad determinada y luego se descubre que lo adquirido cuesta menos en el mercado”. El edil precisó que la adquisición de esos bancos por 50.000 euros más 8.000 de IVA, solo se hizo con un informe técnico avalado por el concejal Conrado Hernández, “y posteriormente se descubrió que eso costaba bastante menos. Estamos, pues, ante una maquinación fraudulenta. El gobierno de Agustín Navarro se cree que puede actuar desde la más absoluta impunidad, vulnerando los trámites administrativos y saltándose a la torera los procedimientos legales”.
La cronología de las irregularidades denunciadas por Francisco Saval comienza el pasado 17 de marzo, cuando Agustín Navarro y los concejales Conrado Hernández, Irene Bajo y Juan Ramón Martínez, se fotografían en la Plaza del Ayuntamiento sentados en los bancos de colores, cuya instalación en las calles de Benidorm, anuncian ese mismo día. Se trataba de colocar 200 nuevos bancos como parte del Plan Mil Bancos. Posteriormente, el lunes 12 de abril, el edil Conrado Hernández aparece en un especial sobre escena urbana encargado y publicado en un medio de comunicación local, en el que ratifica los mismos extremos. El 21 de abril, el Grupo Municipal Popular denuncia ante los medios de comunicación que no había contrato para adquirir dicho mobiliario y el 22 de abril presenta un escrito pidiendo los expedientes de contratación y al que no se obtiene respuesta, salvo las declaraciones hechas ante los medios de comunicación tanto por Natalia Guijarro, como Conrado Hernández, en las que se limitan a afirmar que la contratación se ha hecho correctamente, aunque sin mostrar los contratos ni aportar prueba alguna. “Esto lo dijeron el mismo 22 de abril,-recordó Francisco Saval-, y un día después, el 23 de abril, el alcalde tránsfuga volvió a decir lo mismo cuando le preguntaron los periodistas en un desayuno con bollería que tanto le gusta organizar los viernes a Agustín Navarro. Todo fue una sarta de mentiras, porque cuando dijeron eso no tenían nada y la prueba está en un documento que demuestra que el 30 de abril autorizaron dos gastos de 58.000 euros y 40.815 euros para que se apruebe el expediente de contratación y se inicie la adjudicación de un contrato mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Por lo tanto,-declaró Saval-, ni existía contrato, ni existía expediente, ni existía resolución de adjudicación, pero los bancos ya estaban en la calle o apilados en el almacén”.
