El gobierno propondrá al pleno dar un mes a una mercantil de comida rápida para que desaloje la parcela municipal
El Ayuntamiento de Benidorm sigue adelante con los trámites para desalojar de una parcela municipal ubicada en la avenida de Nicaragua a un establecimiento de comida rápida que la ocupa de manera irregular al menos desde 2011, y también para hacer lo propio con la empresa concesionaria de la piscina y el gimnasio del Palau d’Esports a la que se ha rescindido el contrato por “incumplimientos”.
La concejal de Patrimonio, Lourdes Caselles, llevará al próximo pleno un acuerdo para rechazar las alegaciones que presentó la empresa propietaria del establecimiento de comida rápida para evitar el desahucio administrativo, y en las que incluso reclama que se le indemnice. El acuerdo, que ha pasado este lunes por comisión informativa y que se abordará más a fondo en una Junta de Portavoces, contempla: “declarar la improcedencia” de una indemnización y dar a la empresa un plazo de 30 días “para abandonar las instalaciones de dominio público, propiedad del Ayuntamiento”. Además, en ese tiempo deberá también presentar un expediente de demolición del establecimiento.
Caselles ha explicado en rueda de prensa que “si transcurrido este plazo de 30 días la mercantil no abandona las instalaciones, habrá que ejecutar la orden de desahucio”. A partir del desalojo, la empresa “tendrá dos meses para demoler la construcción” en base a un proyecto que deberá correr por su cuenta y riesgo. En caso de que no lo haga, el derribo lo asumirá de forma subsidiaria el Ayuntamiento, que posteriormente repercutirá los gastos a la mercantil.
Los informes que acompañan a la propuesta recuerda que los propietarios originales de la parcela –calificada en el PGOU como suelo urbano para sistemas generales- la cedieron al Ayuntamiento en 1997, reservándose un usufructo de diez años, periodo en el cual podían instalar en la parcela un bar-restaurante. Según consta en los informes municipales, los cedentes vendieron ese usufructo a una empresa, que en 1998 obtuvo licencia de obras y que tres años después abrió un establecimiento de comida rápida.
El octubre el Ayuntamiento dio por extinguido el derecho de usufructo vencido hace años, e inició el correspondiente expediente de desahucio, declarando la improcedencia de indemnización a favor de la empresa.
La edil ha incidido en que este acuerdo es el último paso del expediente de desahucio administrativo aprobado por todos los grupos de la corporación en el pleno de octubre, y ha añadido que los técnicos municipales están “estudiando” y “calculando” el canon que el Ayuntamiento podría reclamarle a la empresa por el tiempo que ha estado ocupando la parcela municipal desde que finalizó el usufructo de 10 años.
Piscina y gimnasio del Palau
El pleno de la próxima semana deberá debatir otra propuesta de la edil de Patrimonio, en este caso relativa a la resolución del contrato de gestión de la piscina y el gimnasio del Palau d’Esports L’Illa, aprobada también por unanimidad de la corporación en octubre y respaldada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Una resolución que incluía además la incautación de la garantía que aportó en su día la empresa, y el inicio del expediente de desahucio.
La propuesta, que irá a pleno y que se ha dictaminado hoy en comisión, plantea rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa concesionaria contra la resolución del contrato y darle un plazo de ocho días para que abandone las instalaciones. De incumplirse este plazo, y al igual que en el caso anterior, el Ayuntamiento ejecutará la orden de desahucio.
Casellles ha indicado que esta propuesta llega después de que la empresa no haya abandonado el Palau en el plazo que le concedió el Ayuntamiento, que según los informes técnicos finalizó el pasado 30 de noviembre. La responsable de Patrimonio ha recordado que la resolución del contrato se aprobó por “incumplimientos” de la concesionaria. Entre esos incumplimiento detectados estaban el impago de las nóminas a los trabajadores, la no realización de obras comprometidas y recogidas en el contrato, el impago del canon, o la falta de mantenimiento de las instalaciones.
