El gobierno local exige la dimisión del concejal no adscrito por anticipar una resolución judicial que aún no se ha producido
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Benidorm ha exigido este martes la “dimisión irrevocable” del edil no adscrito Juan Ángel Ferrer, invitándole a que “se vaya a su casa” después de que este lunes, 25 de marzo, emitiera un comunicado “sin dar la cara” a los medios de comunicación asegurando que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa podría haber establecido en 18 euros por metro cuadrado el precio de unos terrenos no urbanizables en la partida El Moralet. Una expropiación que fue solicitada por la empresa Incobe, propiedad de los empresarios Enrique Ortiz y Antonio Solana, y que de confirmarse, supondría para las arcas municipales el pago a esta mercantil de más de 6 millones de euros por este suelo.
Tanto el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, como el portavoz municipal del PSOE, Conrado Hernández, han asegurado que adelantar este tipo de informaciones sin que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa se haya pronunciado oficialmente “es de una irresponsabilidad total” y de una “falta de rigor” propia, ha asegurado Hernández, “del Catalán Chana del siglo XXI o de la Maruja Sánchez del 2013”.
Ivorra ha explicado que la valoración realizada por una empresa externa, y que ha sido ratificada por los informes de los técnicos municipales, habla de una valoración de este suelo sobre los 73.000 euros. En el caso, ha añadido Ivorra, de confirmarse la valoración del edil no adscrito Juan Ángel Ferrer, “que parece tener más información que este equipo de gobierno”, el Ayuntamiento recurría la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a instancias superiores, a los Tribunales, “en aras de proteger el patrimonio de todos los ciudadanos de Benidorm”.
Asimismo, desde el equipo de gobierno han hablado de una “presunta complicidad” entre el ex concejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer y la mercantil Incobe, al tasar ésta última el precio del metro cuadrado de este suelo en El Moralet en 137 euros/m2, siendo Ferrer edil de Urbanismo, lo que iba a reportar a la empresa hasta 47 millones de euros de beneficio por actividades inmobiliarias por compensación en otros terrenos. En aquel momento, ha explicado Ivorra, varios concejales del equipo de gobierno alertaron de que el precio propuesto por la empresa de Ortiz y Solana era excesivo por ser este suelo rústico y no urbano, como defendía la mercantil. Esta situación, ha dicho Conrado Hernández, fue uno de los detonantes para que el equipo de gobierno se cuestionara los métodos de trabajo del que fuera “compañero de bancada”.
Ivorra ha sugerido que “Ferrer, en su vergonzosa gestión urbanística, antepuso sus propios intereses a los intereses municipales, sus oscuras negociaciones con Ortiz y Solana” y “complicidad”, siendo capaz de “tergiversar toda la normativa urbanística para beneficiar a estos empresarios y, no queremos pensar mal, en su propio provecho”.
El concejal del CDL ha apostillado también que Ferrer “quería cambiar un terreno rústico por suelo urbano en Armanello y El Murtal”, y al no llevarse a cabo habría provocado en el edil no adscrito “una tremenda desesperación, nerviosismo e irresponsabilidad, dejando a la luz sus vergüenzas ante una operación que ya en su día calificamos de traje a medida”.
Ivorra recordó que esos mismos terrenos son los que aparecen en el caso Brugal, en las conversaciones entre Pérez Fenoll (edil del grupo municipal del PP) y los dos empresarios. Así, se ha referido al “tándem Ferrer-Fenoll, cada vez que se habla de urbanismo, recalificaciones y regalos”, porque “siempre aparece”.
