Benidorm aprueba instar al Gobierno de Rajoy a retirar los recursos contra la eliminación del copago farmacéutico
El pleno del Ayuntamiento de Benidorm acordó ayer por mayoría, y con los votos en contra del PP, la moción socialista que solicitaba instar al Gobierno de España a retirar los recursos contra los decretos de la Generalitat Valenciana destinados a garantizar la universalización de la atención sanitaria.
En concreto, se reclama al ejecutivo de Rajoy que retire los recursos contra los decretos del Consell que conceden subvenciones a pensionistas y personas con diversidad funcional para eliminar los efectos del copago farmacéutico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012. Concretamente, el Gobierno de España ha presentado un contencioso-administrativo contra el Decreto 240/2015 y el Decreto 239/2015, ambos de 29 de diciembre de 2015, del Consell, que regulaban las bases de las ayudas para el colectivo de pensionistas y personas con diversidad funcional. De igual forma, se exige que se retire el recurso presentado por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana.
El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha afirmado que “Rajoy y el PP están obsesionados con atacar todas las medidas de recuperación de derechos sanitarios puestas en marcha por la Generalitat Valenciana”.
“El grupo municipal popular - ha continuado Martínez- votó en contra de subvencionar medicamentos y material de ortopedia a pensionistas y personas con diversidad funcional. Su partido entró hace años en la dinámica de ir contra las personas y sus derechos, fallecieron miles de dependientes valencianos esperando una ayuda reconocida por el Estado, y ahora vuelven a poner trabas a unas medidas que solo pretenden ayudar a los que más lo necesitan”.
Para finalizar, el dirigente socialista ha recordado que el Consell ha reservado en los presupuestos de este año una partida de 41 millones de euros que permitían, desde el pasado 1 de enero, a los pensionistas con rentas más bajas y a las personas con discapacidad dejar de pagar por sus medicinas y artículos de ortopedia. En total se beneficiarían 910.000 pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a los 18.000 euros, y unas 136.000 personas con diversidad funcional.
