El Ayuntamiento estudia llevar ante los tribunales al edil Francisco Saval por irregularidades en la Estación de Autobuses

Tras varios años en funcionamiento de la estación de Autobuses de Benidorm, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha tenido conocimiento, a través de informes técnicos, de la existencia de “una posible nulidad del acuerdo de 4 de diciembre de 2008, por parte del concejal de Contratación y Hacienda Francisco Saval, que implica “que el ex edil popular autorizó una hipoteca de 23 millones de euros, sin ser llevado a Pleno Municipal tal aprobación, ni ser informados los órganos de control y de fiscalización económica del Consistorio”, ha informado el edil de Urbanismo, Jaime Llinares.

Actuaciones que implicaron –ha mantenido- “la ocultación de una concesión tan importante”, lo que obliga en estos momentos al Ayuntamiento “a acudir a la jurisdicción penal para poner en conocimiento de los mismos estos hechos”.

Una hipoteca que, según Llinares, el 27 de marzo de 2008 se trasladó a un Pleno ordinario del mes de marzo, e incluía un punto para “autorizar el derecho de constitución de hipoteca sobre la concesión de la Estación de Autobuses”. Desde Intervención se notificó que nunca recibieron este expediente para su fiscalización.

Propuesta de contrato de hipoteca de un Bien Patrimonial del Ayuntamiento, por 23 millones de euros, y con fecha límite para su liquidación en 2023, en la que faltaban, ha relatado el edil de Urbanismo, los principales requisitos para su petición.

Así, ha comentado, la propuesta llevada al Pleno recogía que “la Corporación en pleno acuerde autorizar la constitución de la garantía sobre el derecho real de la concesión de Estación de Autobuses, UTE Adjudicataria, la cual no podrá recaer sobre los locales, que de acuerdo con el artículo 31 del Pliego de cláusulas que rige la presente concesión, deba ponerse a disposición del Ayuntamiento de Benidorm para ser destinados a uso de interés municipal y; segundo, que la hipoteca que se constituya deberá ser cancelada, como mínimo, cinco años antes de la fecha fijada por la reversión de la concesión”. Una propuesta que no fue sometida, finalmente, ni a debate ni a votación, por lo que “no fue en modo alguno aprobada y, desde luego, produjo efecto jurídico alguno”, ha puntualizado Llinares.

A esta irregularidad en la Estación de Autobuses se suman otras como un expediente de restauración de la legalidad urbanística y un expediente sancionador paralizado, por infracción urbanística. Además, Llinares ha indicado que el anterior equipo de gobierno solicitó dos informes técnicos sobre la gestión en la construcción de la Estación de Autobuses, uno a cargo de Julio Sánchez y otro a cargo del estudio Garrigues, que “indican que todo el procedimiento seguido va descabalgado y posiblemente atente contra las normas del ordenamiento jurídico”.