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El Ayuntamiento compra dos parcelas de más de 2.000 m2. para infraestructuras

    Los votos del PP han permitido que el Ayuntamiento de Benidorm aprobara hoy, en el pleno municipal, la adquisición de dos parcelas de la partida del Salt de l'Aigua para la construcción de infraestructuras y viales.

    Se trata de las parcelas 8A y 8B, calificadas en el PGOU de 1990 como "sistemas generales de servicios urbanos", con 1.783 y 456 metros cuadrados, respectivamente.

    La parcela 8B permitirá la ampliación del vial de acceso al Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat-tur), cuyas obras están a punto de finalizar.

    Este vial pasará de 8 a 25 metros y enlazará con el nuevo acceso que prevé el desdoblamiento de N-332, unas obras ya licitadas por Fomento.

    La parcela 8A se sumará al patrimonio de titularidad municipal en la zona, que según el concejal de Urbanismo y Escena Urbana, José Ramón González de Zárate, suma más de 20.000 metros cuadrados.

    En este espacio es donde el Gobierno local pretende que se instale la Ciudad de la Seguridad, un complejo que albergue la comisaría de la Policía Nacional y el cuartel de la Guardia Civil, unas instalaciones para las que existe una petición de financiación a Madrid por parte de la corporación.

    A cambio de adquirir la titularidad del espacio, el consistorio entrega a los dueños 351,63 unidades de aprovechamiento de la reserva existente en el plan parcial Discotecas.

    El punto se ha aprobado por vía de urgencia y con el voto de calidad del alcalde, debido a la ausencia del concejal de Presidencia y Fiestas, Manuel Agüera.

    El socialista Jaime Llinares ha criticado la "falta de transparencia y claridad" al tratar la cuestión y, en este sentido, ha recordado que existía un acuerdo plenario de 2003 para ceder una parcela al Ministerio de Interior para construir las instalaciones de seguridad.

    El pleno ordinario de diciembre también ha aprobado, con los votos en solitario del PP, un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 29.898,98 euros, así como la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la recogida de residuos sólidos, que supone un incremento del 80 por ciento, según la socialista Natalia Guijarro.

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