La Junta directiva local del PP exige a Compromís que pida perdón a todos los vecinos de Benicàssim por acusar en falso a los concejales populares
La Junta directiva del PP de Benicàssim ha pedido a los concejales y exconcejales de Compromís que dejen de tratar de dañar la imagen del municipio y acusar en falso a los representantes públicos del Partido Popular después de que el auto de la Audiencia Provincial de Castellón del pasado miércoles haya decretado el sobreseimiento de la causa que trataba de inculpar a la alcaldesa Popular, Susana Marqués y 8 concejales populares y de ARB por un falso delito de prevaricación y malversación de fondos públicos.
“Tanto Domingo Ferrando, el exconcejal que interpuso la denuncia como el actual portavoz de Compromís, Joan Bonet lo que deberían hacer es pedir expresamente perdón a todas las personas que se ha demostrado que han hecho estrictamente su labor pública con honradez y empeño”, ha determinado la Junta Local que ha añadido que “están siendo protagonistas ahora el mayor de los espectáculos de política barriobajera e hipócrita. No solo han hecho acusaciones en falso, han hostigado a los concejales populares y han tratado de desacreditar a estas personas y su labor, sino que además, ahora, tratan de volver a engañar a todos los vecinos de Benicàssim sesgándoles el contenido del auto donde los magistrados dicen bien claramente que tanto Susana Marqués como los concejales actuaron correctamente y en defensa de los intereses de Benicàssim”.
Los miembros de la Junta directiva han ido desgranando alguno de los pasajes del auto donde se queda claro que la actuación de los concejales y la alcaldesa populares fue al correcta.
La Audiencia señala que la querella no tiene razón al acusar a los concejales sobre su responsabilidad porque su participación como socios era una obligación por cargo electo y por tanto debería retrotraerse también a anteriores equipos de gobierno: “no ha tenido en cuenta la naturaleza pública de la sociedad ni sus estatutos que obligan a parte del equipo de gobierno a presidirla formando parte de su Consejo de Administración, de modo que no ha tomado en consideración que atribuir a los integrantes del Consejo de Administración una supuesta responsabilidad económica, puesto que proviene desde 2009 de anteriores equipos de gobierno de signo político opuesto, conllevaría la evidente incoherencia de tener que exigir responsabilidades a los técnicos del Ayuntamiento que por obligación estatutaria formaban parte de dicho Consejo y necesariamente también a los miembros de la Corporación Municipal anteriores a la toma de posesión del actual equipo de gobierno, esto es, desde 2009 a 2011, tal y como figuran reseñados en el citado informe pericial, de ahí lo irrelevante del mismo a los efectos pretendidos en la querella”.
El Partido Popular ha recordado que el auto de sobreseimiento ha sido muy contundente la determinar que “ni concurren los elementos para apreciar que estamos ante un delito de prevaricación, ni tampoco se aprecian conductas que puedan englobarse en el delito de malversación de caudales públicos, pues ni hubo abuso de las funciones de su cargo por los querellados ni tampoco la financiación de la deuda respondía a criterios contrarios a la eficiencia y economía” a lo que añade que “no desprendiéndose del relato de hechos indicio alguno de acción delictiva por parte de los querellados, al no poder incardinarse su actuación en un ilícito penal, procede decretar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones”.
El PP ha pedido responsabilidades políticas a los actuales concejales “que sean consecuentes y dejen de amenazar a a los concejales del PP con nuevas denuncias puesto que el auto de sobreseimiento ha sido muy contundente la determinar quien fue el orígen del desmadre económico que dejó a decenas de empresarios de Benicàssim sin cobrar las facturas. Fue el tripartito del que Compromís formaba parte y fue el exconcejal Domingo ferrando que, después de haber cometido la tropelía ahora quiere acusar a otros”.
El partido benicense ha recogido el pasaje del auto en que los magistrados dicen que “una gestión irregular y desafortunada, desde que se constituyó la misma en 2009, ha desembocado en una situación de disolución y liquidación, cuya responsabilidad sería exigible también, en su caso, a quienes han gestionado la sociedad mixta desde su constitución.”
