Baldoví pide que la Fiscalía General del Estado abra diligencias de investigación penal por la gestión de la CAM

El candidato al Congreso de los Diputados por la Coalició Compromís, Joan Baldoví, ha pedido esta mañana que la Fiscalía General del Estado, “abra diligencias de investigación penal después de las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández. No se entiende que, si se han falseado documentos contables y se ha ocultado información a los inspectores del Banco de España, se tenga que esperar a la instrucción de un expediente administrativo”.

En este sentido, Baldoví considera que la misma Fiscalía tendría que actuar de oficio, “en defensa del interés público, y así lo pediremos formalmente”, según ha declarado el candidato de Compromís al Congreso de los Diputados.

Baldoví considera que es urgente también, “que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) conteste al requerimiento del grupo parlamentario Compromís sobre las operaciones de los altos cargos de la CAM, autorizadas o comunicadas a este organismo durante el periodo 2006-2010”.

Baldoví ha declarado que desde Compromís, “pediremos una reforma de la Ley 26/1988 de control de las entidades financieras porque sólo contempla sanciones que llegan a los 500.000 euros para los directivos de las cajas que han hecho algunas irregularidades muy graves, lo cual no nos parece ni correcta ni proporcionada. Además, sus actuaciones y las multas pueden estar protegidas por seguros de responsabilidad civil, sin que tenga ningún coste la gestión negligente”.

El candidato de Compromís quiere que las sanciones “sean mucho más duras en el plano económico y también que la ley contemple la vía penal para perseguir a los malos gestores”.

Hay que recordar que la orden de 22 de junio de 1990 de la Conselleria de Economía regula el régimen de autorización de las operaciones de riesgo concertadas por las cajas de ahorro con los altos cargos y, además, el texto refundido de la ley de cajas establece la obligatoriedad de obtener una autorización administrativa del IVF en el supuesto que las entidades realicen operaciones de riesgo dinerario o de firma, como también transmisión de bienes o valores con sus altos cargos o personas físicas o jurídicas a ellos vinculados.