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El GPP ayudará a las asociaciones educativas para "denunciar el chantaje lingüístico del Consell ante la UE"

    La síndica del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Isabel Bonig, ha anunciado hoy que las asociaciones educativas de la Comunitat Valenciana se plantean acudir a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) para denunciar al Consell por su "ataque a la libertad de los padres a la hora de elegir la educación y la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos".

    Bonig se ha expresado de esta manera tras mantener, junto con el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, una reunión con la Asociación en Defensa de castellano, con los sindicatos ANPE, CSIF, USO, las organizaciones Fecapa, Covapa, Concapa además de las AMPAS de la Vega Baja, Idiomas y Educación.

    Según ha explicado, se trata de una iniciativa que se planteó al principio pero las asociaciones educativas "quisieron tenderle la mano al Consell y llegar a un acuerdo" pero tras comprobar que sus reivindicaciones no han sido escuchadas ni tras la manifestación multitudinaria ni tras acudir a los tribunales "han decidido dar un paso más y plantearse ir a la UE". El PPCV ha adelantado que les ayudará en aquellos asuntos que necesiten para poder plantear su queja a Europa.

    Por ello, tratarán de que la UE, encargada de velar por si hay conculcación de derechos fundamentales pueda conocer "el problema valenciano que han creado Puig y Oltra, que ha sacado a más de 340.000 valencianos a la calle y que ha generado un gran enfrentamiento en un temas que esta sociedad ya había cerrado".

    La síndica ha denunciado que "nadie está dando instrucciones claras de lo que hay que hacer y genera una situación de inseguridad jurídica que es alarmante". "A fecha de hoy no se ha recibido instrucción ni respuesta a las cartas en las que las asociaciones, centros y directores piden instrucciones claras".

    Bonig ha denunciado que "llevamos más de dos meses sin saber cuál es el 'Plan B' del Consell y a día de hoy, con agosto de por medio, ni directores ni centros educativos saben cuál es el modelo lingüístico que tienen que aplicar" aunque el TSJCV "lo deja claro: el de 1997 y el de 2012 del PP".

    Así, ha señalado que "lo padres aún no saben qué libros tienen que comprar, la inspección educativa no ha recibido instrucciones por escrito de qué va a pasar en el inicio de curso y no saben qué modelo van a aplicar. Esta situación solo genera desasosiego".

    La síndica popular ha indicado que "no encontrarán al PP en el enfrentamiento entre castellano y valenciano, porque conseguimos multiplicar en un 200% los alumnos que estudiaban en la línea en valenciano al pasar de 74.000 a 235.000 alumnos". "Lo que defendemos –ha señalado-- es la libertad de los padres a la hora de elegir al lengua de sus hijos, con respeto absoluto al castellano y al valenciano, a la Constitución y al Estatuto".

    En esta línea, ha indicado que el PP "está muy preocupado ante esta falta de reacción y ante la insumisión del Consell, que acerca a la Comunitat a una situación que ya se ha vivido en Cataluña". Bonig ha hecho "un último llamamiento, para que ese diálogo que iban a aplicar en el Consell lo apliquen de verdad, porque hasta ahora solo hemos tenido silencio sectarismo e insumisión".

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