La parcela donde irá el nuevo centro de salud ya es propiedad municipal
A propuesta de la concejalía de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aspe ha aprobado hoy la firma de un convenio de gestión urbanística con los propietarios del suelo que ocupa la parcela donde se ubicará el nuevo centro de salud de Aspe. Durante el presente mes de octubre, por tanto, tras la firma del documento por ambas partes, el Ayuntamiento de Aspe ya tendrá capacidad para proceder a la aprobación del proyecto de urbanización y a la posterior licitación de las obras. Según este convenio, de los más de 7.000 metros cuadrados cerca de 6.000 están calificados como equipamiento público y el resto como viales. De esta forma, se allanará el camino para que la concesionaria, Vinalopó Salud, pueda solicitar licencia de obras para la construcción del ansiado equipamiento sanitario.
En la víspera de las pasadas fiestas patronales de agosto, la concejala de Urbanismo, la socialista María José Villa, ya anunció el dictamen favorable para la aprobación del texto de un convenio con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), organismo heredero del extinto Instituto Valenciano de la Vivienda, por el que la entidad local se comprometía a anticipar la financiación de las obras de urbanización que darán condición de solar a la parte de la parcela del denominado sector SUZ RA-9, junto a la avenida Juan Carlos I, en la que se llevará a cabo la construcción del nuevo centro de salud. A primeros del pasado septiembre el Consell aprobó también dicho convenio y ha remitido al Ayuntamiento de Aspe la resolución pertinente.
“Con estas dos actuaciones, ha dicho la concejala, nos vamos acercando al objetivo de ofrecer todas las condiciones para que las obras del nuevo centro de salud comiencen lo antes posible, ya que nuestros vecinos lo único que quieren es tener la calidad asistencial sanitaria que se merecen”. Villa ha querido recordar, por último, que la nueva sensibilidad del gobierno autonómico que ella esperaba se ha hecho realidad, “confirmando la senda de colaboración entre administraciones que debe presidir siempre la actividad política para el beneficio de los ciudadanos”.
