Artemi Rallo (PSPV) defiende en el Senado la aprobación de la ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción
La nueva normativa garantiza la protección efectiva de quienes comuniquen infracciones del derecho de la Unión Europea y el nacional
El Pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley de reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, una norma que transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers y que cumple con los objetivos del Gobierno en la lucha integral contra la corrupción contenidos en su acuerdo de coalición y en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024.
El senador socialista por Castellón, Artemi Rallo, ha señalado que la aprobación de esta norma es “un imperativo legal para garantizar la ética pública en nuestro país” y además es “una obligación impuesta por una directiva europea”. Asimismo, ha hecho hincapié que la nueva ley posibilitará prevenir el fraude y la corrupción, impulsar la integridad y la ética pública, y fomentar la cultura cívica del rechazo de la corrupción.
En este sentido, Rallo ha reivindicado que el Partido Socialista siempre ha defendido la necesidad de una ley para proteger de represalias a quiénes denuncien prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado. “Y lo ha hecho siempre, en la medida en que no ha sido necesaria una directiva aprobada en el año 2019 para secundarla, sino que ya en el programa electoral del año 2015 abogábamos por la regulación de esta protección. También en el Congreso de los Diputados impulsamos una comisión de calidad democrática y lucha contra la corrupción específicamente dirigida a este fin. Y lo hemos hecho también en el ámbito autonómico, donde numerosas comunidades autónomas, en las que tenemos presencia mayoritaria, han adoptado leyes de esta naturaleza”, ha subrayado.
Rallo ha señalado que “la corrupción preocupa a la sociedad porque afecta a la gobernabilidad, la confianza en las instituciones, los derechos de la ciudadanía y el crecimiento económico” y ha asegurado que “para luchar contra el fraude y la corrupción es indispensable la colaboración de la sociedad”.
“El PP siempre ha arrastrado los pies cuando se trata de luchar contra la corrupción”
El senador del PSOE ha recordado que el citado proyecto llega al Senado con un amplio consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados, “consenso del que únicamente se quedaron fuera la derecha y la extrema derecha, el Partido Popular y Vox”.
Rallo ha criticado que “el Partido Popular siempre, siempre, siempre ha arrastrado los pies cuando se ha tratado de luchar contra la corrupción, cuando se ha tratado de adoptar cualquier medida dirigida a luchar contra la corrupción”. Asimismo, ha mostrado su sorpresa porque “el PP se declare en rebeldía frente a las obligaciones que tiene España respecto de la Unión Europea”.
Por último, Artemi Rallo ha recalcado que esta ley “no se limita a trasponer la Directiva 2019/1937 y va mucho más allá”. “Fortaleciendo la cultura de la información y la integridad pública; añadiendo las infracciones penales o administrativas graves o muy graves; obligando a crear canales internos de informaciones a partidos, sindicatos, empresarios y fundaciones financiadas con dinero público; extendiendo esta obligación a todo el sector público; y creando una Autoridad Estatal Independiente de Protección del Informante, para gestionar un canal externo de denuncias, adoptar medidas de protección al informante y sancionar sus vulneraciones, y para promover la cultura de la integridad pública”. “Una ley oportuna, necesaria y muy ambiciosa”, ha concluido.
Una ley necesaria para proteger al informante
Por su parte, la senadora por Córdoba, María Ángeles Luna, ha asegurado que se trata de una ley “muy necesaria”, cuyo objetivo es “garantizar la transparencia, conceder seguridad jurídica al informante y prevenir el fraude y la corrupción”.
Asimismo, Luna ha destacado que la nueva ley establece los medios o canales, tanto externos como internos, que garantizan el anonimato y la confidencialidad, además de concretar los supuestos de inadmisión de la denuncia que salvaguardan los derechos de denunciado.
“Las personas y su entorno que denuncien la comisión de una acción u omisión constitutiva de una infracción penal o administrativa grave o muy grave van a tener la protección del Estado y la tranquilidad de no ser criminalizadas socialmente, porque cuentan con la garantía de esta norma y con el sistema de sanciones que se establecen en la misma para evitar las represalias y sus consecuencias”, ha recalcado.
Una vez finalizado el debate y producida la votación, el proyecto de ley ha recibido el apoyo de la Cámara -147 votos a favor, 106 en contra y 4 abstenciones- y al habérsele introducido varias enmiendas que mejoran el texto, una de ellas de mejora técnica del Grupo Socialista, deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
