24 de noviembre de 2020 24/11/20

CSI-F anuncia movilizaciones de los funcionarios de justicia en septiembre

  • El sindicato niega que el ministro Caamaño haya pactado la reforma con los trabajadores

El sindicato CSI-F ha anunciado movilizaciones de los funcionarios de Justicia de la Comunidad Valenciana a partir del próximo mes de septiembre como protesta por la actual situación de la administración de justicia española. El malestar entre los funcionarios se ha acentuado después de las declaraciones del Ministro de Justicia afirmando que la reforma, calificada oficialmente como Plan de Modernización, ha sido consensuada con todos los sectores implicados, al contrario de lo que realmente ha sucedido.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Justicia en la Comunidad Valenciana, mantiene que el incremento de personal anunciado por el ministro Caamaño resulta completamente insuficiente ya que únicamente supone un aumento del 10%, mientras que la carga de trabajo ha subido en torno al 35% en los últimos años.

A pesar de este anunciado incremento, el ministerio no asumirá el coste del nuevo personal, ya que el gobierno central sólo paga los salarios de jueces y secretarios, mientras que el resto de funcionarios de justicia son retribuidos por la administración autonómica valenciana, que también sufraga el coste de los locales. Otras comunidades, como Cataluña y Andalucía, obtienen financiación estatal para asumir estos costes.

José Vicente Cabo, presidente autonómico del sector de justicia del CSI-F, ha manifestado que “una reforma sin el concurso de los funcionarios no funcionará. Al contrario, resultará un fracaso”. Según Cabo en el actual sistema de justicia predominan la acuciante falta de medios personales y la escasez de recursos materiales.

La central sindical considera que para invertir esta tendencia de deterioro de la administración de justicia española resulta necesario un cambio del sistema. Este conjunto de medidas contemplaría un aumento de la inversión de las administraciones involucradas, así como un plan de formación para el personal que permita la utilización efectiva de nuevas tecnologías para lograr la definitiva modernización de la justicia española.

El plan de choque demandado por el CSI-F requiere, además, de una mayor dotación de recursos materiales en los juzgados para suplir la falta de medios existentes en la actualidad.

 

 

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